Resulta grotesco el circo que se inventó en el parlamento brasileño, ante la mirada complaciente de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos
Destituir a Dilma Rousseff representa un zarpazo gestado desde las grandes corporaciones con el visto bueno de Washington para doblegar el avance de los gobiernos progresistas en América Latina. La presidenta de Brasil, mujer cercana a su pueblo, sobre todo el más necesitado, enfrenta un golpe de Estado parlamentario que no tiene justificación alguna ni argumentación jurídica para alejarla del poder.
Diputados y senadores manipulan la información para establecer un juicio político y apartar a Rousseff del gobierno legítimamente constituido. No hay pruebas que la incriminen en algún delito. Por meses han intentado inmiscuirla en casos de corrupción, pero no han podido pues no poseen pruebas para sostener tales acusaciones. Así, se inventaron el supuesto maquillaje de cifras fiscales para promover el impeachment e impulsar el golpe a la democracia brasileña.
Resulta grotesco el circo que se inventó en el parlamento brasileño. Ante la mirada complaciente de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, se instauró bajo un manto absurdo de “legalidad” la dictadura neoliberal pactada entre los sectores de la derecha y el capital mundial.
La conjura tiene ramificaciones internacionales bastante definidas. Para las empresas trasnacionales y los gigantescos emporios económicos, los gobiernos de izquierda o progresistas representan una amenaza a sus intereses. Al expoliar a los pueblos del mundo, mantienen sus hegemonías y controlan la economía opresora y parasitaria.
El golpe parlamentario se consumó. Será extremadamente difícil que la presidenta Dilma Rousseff vuelva a gobernar Brasil. No es un secreto que quien va asumir el gobierno ya tiene planes para terminar el mandato. Resulta irónico que los corruptos que se enriquecieron a expensas del gobierno pretendan enseñar moral desde el Senado.
El pueblo trabajador está obligado a defender la constitucionalidad; al gobierno legítimo y las reivindicaciones que consiguió en los últimos años; además debe oponerse a todo intento de imposición de gobernantes corruptos. El destino de Brasil está en sus manos.
José Gregorio González Márquez
caminosdealtair@hotmail.com
