Vecinos de diferentes parroquias del norte de Caracas acompañados por miembros del movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) alzaron su voz de protesta contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a quien responsabilizan de los altos índices de impunidad existentes en el país.
Los denunciantes exigieron justicia en el caso del estudiante Conan Quintana, quien cumple un año de ser asesinado en La Candelaria, y luego de todo este tiempo no se han encontrado a los culpables.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, explicó que todos los fines de semana en Libertador asesinan a decenas de personas, pero lo peor no queda allí porque miles de familias no les queda ni el consuelo de que los autores reciban todo el peso de la ley.
“El 92 % de los homicidios en Venezuela quedan impunes y en esta cifra Luisa Ortega Díaz tiene una responsabilidad enorme, aquí es más fácil recibir una multa de tránsito que un asesino sea detenido y puesto tras las rejas”, afirmó.
Rojas recordó el caso del asesinato de Conan Quintana, quien era miembro de la Federación de Centro de Estudiantes de la Upel y luchador social, quien fuera asesinado en La Candelaria a pocos metros del Ministerio de Interior Justicia y Paz. “En pocas horas se cumple un año de este atroz homicidio y no se ha conseguido a ninguno de los culpables; Conan es un reflejo de los miles de jóvenes que si no se van del país terminan en un ataúd, víctimas del hampa”.
Rojas, miembro de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, señaló que la impunidad es uno de los motores de la inseguridad, ya que el asesino al ver que hay mínimas posibilidades de recibir todo el peso de la ley se siente libre de cometer cualquier tipo de crimen sin ningún tipo de temor.
“Hasta la policía está infiltrada por antisociales, como lo dijo el propio exministro de Interior Tareck El Aisasmi, quien afirmó que el 27 % de los secuestros eran cometidos por funcionarios policiales. Los familiares tienen que ver con impotencia y dolor a los asesinos en la calles y con pocas posibilidades de que las víctimas reciban justicia”, dijo.
Reveló que muchas víctimas de la inseguridad en Caracas y familiares de personas asesinadas deben esperar varios días para ser atendidos por los fiscales, ya que les salen con la excusa que sólo se trabaja los lunes y martes por el tema del racionamiento eléctrico. “Aquí la justicia no se puede ir de vacaciones o existir días no laborales para este tipo de instituciones, ellos deben trabajar de forma permanente más aun con los altos índices de inseguridad que vivimos”.