AFP / Cris Bouroncle
Keiko se impone en el norte, oriente y Lima, la más grande plaza electoral del país, según las encuestas. Kuczynski en el centro y sur del país
La candidata conservadora Keiko Fujimori abrió una ligera ventaja, aunque todavía dentro del margen de error, frente a su rival Pedro Kuczynski, cuando faltan ocho días para la segunda vuelta presidencial en Perú, según un sondeo difundido el sábado.
El estudio realizado por la firma GfK y publicado por el diario La República, mostró que Fujimori alcanzó 45,4 %, mientras Kuczynski 41,6 %.
Sondeos difundidos en la semana por otras tres encuestadoras también muestran primera a Fujimori, de 41 años. Ella es hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de asesinato y corrupción.
Los votos blancos, nulos e indecisos suman 13 %.
En comparación con el simulacro anterior de GfK publicado a inicios de mayo, Fujimori subió 2,3 puntos porcentuales, mientras que el economista Kuczynski, un exbanquero de 77 años, disminuyó 2,3 puntos porcentuales.
El estudio de Gfk fue realizado el 23 y 25 de mayo a 1.508 personas y posee un margen de error de más/menos 2,5 puntos porcentuales. La segunda vuelta electoral se realizará el 5 de junio. Quien gane reemplazará al actual mandatario Ollanta Humala el 28 de julio.
Denuncias electorales
Una abogada y un economista denunciaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú por presuntas irregularidades en el proceso de la primera vuelta de los comicios presidenciales, que tuvo lugar el pasado 10 de abril, informaron medios locales.
La abogada Beatriz Mejía y el economista Manuel Lajo afirmaron en declaraciones publicadas en el diario La República que su denuncia se basa en los fallos del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima ante las solicitudes de exclusión de candidatos y en el escrutinio de la votación celebrada el 10 de abril, citó Efe.
Mejía consideró que la candidata Keiko Fujimori, quien disputará la presidencia el próximo 5 de junio frente a Pedro Pablo Kuczynski, debió ser excluida por la presunta entrega de dinero durante la campaña y defendió que las autoridades electorales hicieron «toda una interpretación auténtica de la ley» para dar una resolución que «transgrede el mandato del texto» legislativo.
