Actúan con violencia, amenazan a la población con armas de guerra, controlan ilegalmente a los habitantes de la urbanización 23 de enero…
El asesinato de cualquier ciudadano es lamentable, incluso en el caso de criminales irremediables o de culpables de crímenes de lesa humanidad, pues en estos casos se lamenta el fracaso social o biológico ocurrido, que llevó a la producción de estas aberrantes situaciones.
Mientras más cercana sea la persona fallecida mayor será la afectación que produzca, y será más grande si es un familiar o si se trata de gente inocente o de niños y adolescentes, que no tuvieron la oportunidad de disfrutar la vida.
El malestar aumenta cuando los hechos ocurren con crueldad inusual y cuando los responsables o autores son los organismos responsables de velar por la seguridad de las personas.
Las consideraciones anteriores no son sin embargo una justificación para el desarrollo de actos violentos, más allá de las justas protestas y llamados a las autoridades competentes, a que cumplan con sus funciones de protección a la ciudadanía o de la exigencia de justicia y de que se termine este tipo de situaciones.
La muerte de un pran, de un asesino despiadado, de un jefe de bandas delictivas, puede causar, y de hecho lo hace, una sensación de sosiego en el transcurrir de la vida cotidiana, que puede haber ganado en seguridad. Esto no significa que no hubiéramos preferido no haber llegado a la situación de la existencia y proliferación de estos nefastos individuos.
Esta ya un poco larga introducción la hago para denunciar y condenar que grupos ilegales armados hayan cerrado impunemente los accesos del 23 de Enero el lunes 6 de junio en la noche, aparentemente por la muerte de uno de sus jefes en condiciones que hasta este momento desconozco.
Se desplegaron con armas largas, obligaron a que la gente se desviara e impidieron el ingreso y egreso de vehículos de la populosa urbanización, sin tener ninguna autoridad para ello, como no sea la que imponen los delincuentes con sus armas.
Enfrentaron supuestamente al Sebín y al Cicpcs, que realizaban en uno de los bloques un allanamiento, situación que se ha hecho común en la urbanización, donde quienes gobiernan parecen ser estas bandas paramilitares, que han sido permitidas e impulsadas por el Gobierno del caos.
Actúan con violencia, amenazan a la población con armas de guerra, controlan ilegalmente a los habitantes de la urbanización, pues nadie les ha dado facultades legales para actuar en esta forma; disfrutan de beneficios materiales y de poder en forma impune, desafían al Estado y sus órganos de coerción y se atribuyen derechos que el resto de los ciudadanos no tienen, todo lo cual es inaceptable.
Invaden y se quedan con locales comerciales, roban, desmantelan y destruyen aulas y laboratorios de la UCV y quién sabe cuántos delitos más.
El Gobierno los aúpa porque le hacen el trabajo sucio de reprimir las legítimas protestas populares e impedir mediante el terror que estas se desarrollen.
Luis Fuenmayor Toro
