El empresario venezolano Roberto Rincón se declaró culpable de haber pagado sobornos, por 1.000 millones de dólares, a varios altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), así lo reseño Bloomberg.
Roberto Enrique Fernández Rincón, un ciudadano venezolano que vivía en Texas, admitió su participación en el plan de soborno como parte de un acuerdo con la fiscalía que reduce su potencial pena de prisión de 13 años. Anteriormente se enfrentaba a una posible condena de más de 100 años, de acuerdo con documentos de la corte.
En sus escritos judiciales, el gobierno estadounidense sostiene que, entre 2009 y 2014, Rincón y Shiera pagaron 1.000 millones de dólares a cinco directivos de la empresa petrolera venezolana a cambio de contratos.
El escrito de acusación menciona a cinco ejecutivos de PDVSA, a los que no identifica por su nombre y que supuestamente recibieron sobornos en forma de dinero y regalos.
Tanto Rincón como Shiera, en prisión preventiva, llamaban “aliados” a estos funcionarios venezolanos que, a cambio de sobornos, otorgaban lucrativos contratos energéticos a sus compañías, muchas de ellas radicadas en Estados Unidos, según el escrito de acusación.
De los 1.000 millones de dólares ligados a esta trama corrupta, 750 millones están vinculados solo a Rincón, que decidió desembolsar 2,5 millones de dólares en sobornos a un solo alto cargo, según figura en la orden que cursó la jueza tejana Nancy K. Johnson para mantener en prisión provisional a Rincón.
La investigación de EE.UU. cubrió 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá, según los documentos.
De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de “amistad” con Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, a quien EE.UU. reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.
Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de “secuestro”.
Estas acusaciones, desveladas en diciembre, confirmaron que la empresa estatal Petróleos de Venezuela es uno de los objetivos de los fiscales estadounidenses, que tratan de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha usado la petrolera para lavar dinero procedente del narcotráfico, según informó en octubre The Wall Street Journal.
