“Son más de 100 millones de bolívares que están secuestrados, con lo que se están comprometiendo derechos humanos como el derecho a la salud y a la educación, al tener el municipio que paralizar varios de sus programas sociales en virtud de que no se pueden disponer de estos recursos”, señaló el candidato al Consejo Legislativo del estado Anzoátegui por Voluntad Popular, Ramón Pérez, al ratificar, en compañía del responsable político de la tolda naranja, Carlos Vecchio, el apoyo de esta organización política a la protesta que lleva a cabo la alcaldesa del municipio Freites, Evelyn Urdaneta de Barreto.
La burgomaestre de Cantaura lleva más de tres días en huelga de hambre en la sede del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Caracas reclamando junto a un grupo de trabajadores y estudiantes de la Universidad de Oriente (14 personas en total) la transferencia a su jurisdicción de lo recaudado por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por concepto de impuestos municipales.
“La salud en Anzoátegui es precaria, los hospitales están en el último estado de abandono. Ahora entonces ha cerrado la red ambulatoria del municipio Freites, al igual que la maternidad indígena para nuestros hermanos kariñas, quienes sin esta trasferencia de recursos no pueden recibir esta atención”, complementó Pérez, quien considera una “contradicción” que el Estado Venezolano se incorpore al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas “mientras los pueblos del sur de Anzoátegui viven en condiciones deplorables”. .
El abanderado unitario al Consejo Legislativo de Anzoátegui por el circuito 2, que incluye al municipio Freites, destacó que el dinero adeudado “Pdvsa efectivamente lo ha cobrado; la gente pudiera pensar que se trata de un apoyo, de un aporte, pero no, se trata de un impuesto petrolero que la estatal retiene en nombre de la alcaldía de Freites, por lo que le pertenece a todos los freiteanos”.
Pérez criticó que las ganancias de la explotación petrolera no generen progreso en la entidad. “El Gobierno se jacta como si fuera un logro propio de tener las reservas de crudo pesado y extra pesado del planeta, pero estos recursos se los llevan las operadores de estos convenios y dan frutos y se traducen en calidad de vida para los chinos, para rusos y bielorrusos”.
Y acotó: “Si la alcaldía de Freites como agente de retención fiscal del Seniat se apropiara de esos recursos para rehabilitar los programas sociales, ¿qué estaría pasando en estos momentos? La alcaldesa sería encausada por apropiarse indebidamente de esos recursos”.
Pérez recordó que hace cinco semanas introdujo una denuncia por apropiación indebida de fondos públicos de Pdvsa ante la fiscalía quinta de salvaguarda del estado Anzoátegui, la cual hasta los momentos no ha recibido alguna respuesta.
