La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ratificó este miércoles que continuará su lucha en defensa de la democracia de su país, al calificar de farsa jurídica y política el proceso que el Senado lleva en su contra por supuestas irregularidades administrativas
A través de una carta que Rousseff envió al Senado y que fue leída por su abogado defensor, José Eduardo Cardozo, señaló que ha ejercido su mandato de forma digna y comentó que luchará, con los instrumentos legales que dispone, para ejercer su cargo hasta el final.
En la misiva, la mandataria recordó que en su juventud sufrió el dolor de la tortura y ahora sufre “el dolor tremendo de la injusticia; lo que más duele es que soy víctima de una farsa jurídica y política”, rechazó.
Manifestó que a pesar de ello, “la experiencia me enseñó que la democracia es una construcción permanente y constante frente a las amenazas”.
Durante la lectura del texto, que se transmitió por Telesur, y que forma parte de la presentación de alegatos por parte de la defensa y la acusación, Rousseff afirmó que “nunca dejé de luchar a lo largo de toda mi vida por aquello que creo, nunca abandoné, mis creencias éticas y políticas. Siempre creí en la construcción (…) de una sociedad donde exista igualdad”, dijo.
Rousseff extendió su mensaje de confianza a los senadores a quienes invitó a analizar sus argumentos, aún cuando son de oposición.
Recordó que lo que está en juego es el compromiso con la democracia y, ante eso, enfatizó que están en el deber de manifestar su posición, puesto que está en juego la preservación de los derechos individuales y colectivos del pueblo brasileño.
La acusación central contra Rousseff para justificar el juicio político incluye la firma de decretos presupuestarios sin la autorización del Congreso, cuestión que Rousseff recordó se trata de acciones rutinarias que fueron avaladas por técnicos y abogados previo a su aprobación.
Aseveró que ninguna acción estuvo dirigida a desviar dinero público que significara su enriquecimiento o el de terceros.
“Las pruebas son evidentes y demuestran que actué de buena fe ante el país (…) Nadie podrá unirse a esta farsa”, enfatizó, al reiterar que se trata de una maniobra para justificar un “auténtico golpe” de Estado.
Fue en mayo pasado cuando el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Rousseff, lo que la obligó a separarse de su cargo por un período de máximo 180 días para iniciar el juicio político.
Este proceso está en fase de presentación de pruebas, que culminará con un informe que será debatido por el pleno del senado.
El informe será sometido a una primera votación por 81 senadores –prevista para el 9 de agosto– donde deberá cosechar un mínimo de 41 votos (mayoría simple) para que se prosiga al juicio. De aprobarse la continuidad del proceso, tendrá lugar el juicio final –entre el 25 y 27 de agosto, después de los Juegos Olímpicos, que serán entre el 5 y el 21– que determinará si Rousseff es destituida de forma definitiva. Para que eso ocurra, será necesaria una mayoría especial de 54 votos (dos tercios). De lo contrario, el caso será archivado.
El 12 de mayo pasado, Michel Temer pasó a ser el presidente interino de Brasil y lleva adelante una agenda neoliberal que se aleja del plan de Gobierno de Rousseff. Entre sus medidas económicas está cambiar el sistema de pensiones y reducir la inversión social, aspectos priorizados durante el mandato de Rousseff. AVN
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