Los denunciantes acusan a los funcionarios del Ipasme de los Valles del Tuy de intentar extorsionarlos para que retiraran la firma del CNE para no validar la solicitud del RR a cambio de continuar en el listado del proyecto habitacional en terrenos de esta institución, ubicados al margen derecho de la autopista Charallave- Ocumare
Los anuncios de la alta dirigencia del oficialismo de “castigar” a quienes firmaron y validaron la firma para el Referendo Revocatorio parece cobrar forma contra los empleados públicos de los Valles del Tuy.
Así se desprende de la denuncia que hicieron los docentes del Ministerio de Educación, José Luis Colón, Yelitza Lira, Solangel Zambrano, Francys Cabrera y Rianly Santaella, integrantes de la Asociación Civil “Luis Beltrán Prieto Figueroa”.
A través del programa “Construcción Social” que dirige el locutor Domingo Rasquín, en Santa Teresa del Tuy, y en presencia del reportero de este medio impreso, los denunciantes acusaron a los funcionarios del Ipasme de los Valles del Tuy de intentar extorsionarlos para que retiraran la firma del CNE para no validar la solicitud del RR a cambio de continuar en el listado del proyecto habitacional en terrenos de esta institución, ubicados al margen derecho de la autopista Charallave- Ocumare.
“El proyecto habitacional consta de nueve torres de cinco apartamentos cada una, en donde se albergarán a unas 350 familias. La construcción contará con financiamiento del Ipasme”, así lo comentó Yelitza Lira.
Destacó que la obra aún no ha iniciado, “pero en la última reunión, con la asistencia de la mayoría de quienes aspiramos la vivienda, fuimos informados, en la sede de la Unidad Médico Asistencial del Ipasme de Ocumare que, quienes firmamos y validamos la firma para el referendo revocatorio no tenemos derecho a optar por la vivienda, a menos que retiremos la validación, argumentando que son ordenes de arriba, lo cual nos parece un abuso y un delito contra los derechos humanos de quienes prestamos un servicio a la nación”, comentó Lira.
Los profesionales de la educación hacen un llamado a las autoridades nacionales, como a la Asamblea Nacional, para que intercedan por ellos. “Esto es una a práctica antidemocrática que dice mucho de un gobierno que se jacta de practicar la inclusión”, terminaron diciendo los denunciantes.
MIP-TUY Agencia/Rafael González
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