El Legislativo aprobó este jueves un informe de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el cual “se verificó la ilegalidad” de los actos administrativos en la designación de los jueces el 23 de diciembre de 2015
El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, quien fue en el encargado de presentar el informe final, aseguró que el TSJ perdió la institucionalidad y su independencia, “dedicándose a favorecer con sus sentencias al Gobierno y actuando como brazo político en su ejecución con una sola finalidad: ir contra un poder independiente, como lo es la Asamblea Nacional“.
“Iniciaremos los actos administrativos necesarios, con el fin de obtener un poder autónomo, donde administrar justicia sea su fin y no todo lo contrario, lo que representa hoy en día el máximo tribunal de justicia, convertido en un instrumento político utilizado por el Ejecutivo desde Miraflores”, expresó.
En este sentido, el parlamentario aseguró que la Comisión Especial, verificó la ilegalidad de los actos administrativos en la designación de los magistrados el 23 de diciembre de 2015 y, en vista de ello, solicitó una reunión con al contralor general de la República, “para entregar las pruebas de todas las violaciones incurridas por el Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el ex diputado Elvis Amoroso; sin embargo no hemos obtenido respuesta hasta la fecha”.
