CORTESIA / PRENSA SOLIDARIDAD
El abogado y defensor de Derechos Humanos planteó la necesidad de que la llamada Operación para la Liberación del Pueblo le de paso a una integración militar de emergencia, en la que actúen alcaldes, gobernadores, cuerpos policiales y organismos de seguridad bajo coordinación del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, con la finalidad de actuar contra el hampa y altos índices delictivos
A un año de implementarse la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) como plan de seguridad del Gobierno nacional, el abogado, exparlamentario y defensor de Derechos Humanos (DDHH) señaló que “las OLP y el hampa compiten para ver quien asesina más” y con esto, destacó “la ilegalidad y funcionamiento de estas estructuras al margen de la Constitución Nacional y sin aval del Ministerio Público”.
Entre las cifras que mostró el jurista a través de una nota de prensa, destaca el asesinato de al menos 200 personas por parte de las OLP y el retiro de unas 2.400 armas ilegales en el país.
“Pero en Venezuela, la última información es que existen 8 millones de armas ilegales y no ha habido desarme. La Fiscal General dice que la impunidad es 80% y no es así, es de 98 %.
En el Ministerio Público reposan 3.500 causas mensuales y si no hay presión de medios y ONG no investigan porque la estructura no tiene recursos.
¿Cómo combatimos impunidad, delitos, linchamientos? La OLP es un grupo de exterminio y tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales, el Ministerio Público debe decidir su legalidad y si las detenciones arbitrarias que ejecutan se ajustan a las leyes”, apuntó.
Narváez indicó que la denominada Operación Para la Liberación del Pueblo “no ha incidido en la disminución de índices delictivos ni homicidios a manos del hampa, ya que entre enero y mitad de julio de este año ingresaron 2.827 cadáveres en la Morgue de Bello Monte.
La cifra de mayo es de 474 cadáveres y la de junio asciende a los 500. De igual forma, en lo que va de año el hampa ha dado de baja a 80 funcionarios de seguridad, entre Guardias Nacionales, Policías Nacionales Bolivarianos (PNB) escoltas, funcionarios del Cicpc, entre otros. Ocurrieron 78 linchamientos, lo que indica que las comunidades se defienden de delitos cometiendo más delitos”.
Al respecto, el Defensor de DDHH planteó la eliminación de las OLP, “por ser estructuras inconstitucionales e ineficientes en la labor de combatir el delito, y ser sustituidas por una integración militar de emergencia y mesas de justicia que incluyan la participación de alcaldes, gobernadores, organismos de seguridad y coordinación eficaz del Ministerio de Interior, Justicia y Paz”.
Señaló que mientras exista crisis económica y social en el país y no se actúe de manera legal y efectiva, con planes de inteligencia para combatir el hampa, “esta seguirá adueñándose del territorio nacional”.
