El diputado Rafael Guzmán lucha desde la Asamblea Nacional por darle estabilidad económica a las regiones
La Asamblea Nacional adelanta un proyecto legislativo que otorgará los recursos necesarios para el desarrollo de las regiones
Para el diputado Rafael Guzmán, la Venezuela actual “es un Estado democrático, descentralizado y federal, pero esos principios de descentralización y federalismo hoy por hoy son letra muerta en la actual Constitución de la República Bolivariana, porque la descentralización no solo significa que se puedan elegir a los alcaldes y los gobernadores, la descentralización significa autonomía”.
No solo es elegir
–¿De cuál autonomía habla?
–Que se puedan pensar e iniciar sendos desarrollos desde las regiones, desde lo local, desde lo más cercano y para eso se elige popularmente a su autoridades y no solamente los eligen, sino que además les proporcionan los recursos para poder resolver problemas financieros y así y apuntalar sus desarrrollos.
Puntualizó este parlamentario -presidente de la Subcomisión de Políticas Financieras y Tributarias de la Asamblea Nacional- que “la autonomía necesaria para la descentralización ha sido un principio de la Constitucion que no ha sido acatado por el Gobierno Nacional durante los últimos 17 años. Ha estado obstaculizándolo, cercenándolo en materia de recursos a las gobernaciones y las alcaldías, quitándole las competencias, como ocurrió en el año 2009, cuando le retiraron las administraciones de los hospitales y los ambulatorios que estaban a cargo de las gobernaciones y alcaldías; como también les quitaron el control o administración de las autopistas, le quitaron las competencias de los aeropuertos y los puertos, etcetera”.
–¿Esta Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, que actualmente procesan, reorganizará o cambiará la anómala situación imperante?
–Esta Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, que ya fue aprobada en primera discusión, instaurará verdaderamente la descentralización en Venezuela, porque le dará piso a los estados o regiones para que puedan generar los recursos y buscar con esos ingresos la solución a sus múltiples problemas. Es una ley que permitirá crear verdaderamente la Hacienda Pública, o sea la que dirá cómo se administrarán los bienes, los ingresos y las obligaciones que tiene cada estado o región para poder desarrollarse.
–¿Pero esa reglamentación no existía antes, precisamente cuando Venezuela ya tiene casi 200 años como república?
–No se ha había legislado como lo estamos haciendo ahora. Hay que reconocer que en casi 200 años, la descentralización se ha utilizado como una bandera de los políticos para llegar al poder, pero más nada. Nos ha llegado la hora o la oportunidad de legislar para crear verdaderamente la Hacienda Pública. Todo este proyecto legislativo es consecuencia de la necesidad de una ley que ponga orden a las finanzas y esto se manifestó en los años 80 y 90, cuando la sociedad venezolana entró en crisis y todas las comunidades comenzaron a reclamar mejoras en los servicios. Por eso en los años 90 se hacen la elecciones para alcaldes y gobernadores; vino la Ley de las Competencias y todo comenzó a cambiar, pero ahora es que falta la legalización de todos esos avances. Ahora, en la actual Constitución, y subrayo que ese mandato tiene 17 años, se establece la transformación o creación de una auténtica Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal. Hacia el año 2014 se aprueba una primera ley, la cual recibió una serie de observaciones, muy pertinentes del Presidente de la República, el comandante Hugo Chávez. Para este nuevo proyecto hemos partido de ese proyecto, de las observaciones de Chávez y la hemos adaptadó a la actual realidad que estamos viviendo.
–¿Qué pasará ahora? ¿Cuándo podremos tener este proyecto de ley?
–Como lo dije antes, la nueva ley ya está aprobada en primera discusión y ahora la estamos sometiendo a un proceso de consulta pública, que es una delicada e importante rutina constitucional. Esta ley nos pemitirá tener recursos vía impuestos y por la administración de los bienes estadales. Se está previendo que las gobernaciones manejen o recauden el impuesto a la gasolina, que es un impuesto nacional, definido en todos sus elementos por el gobierno central, pero la redacción de esos impuestos queda en manos de los estados. También vamos a tener participación, en un futuro, de una parte de la recaudación del IVA. O sea, para resumir, es una Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal para descentralIzar la recolección y la administración de los recursos económicos del Estado.
–¿Y el otro sector de la Asamblea Nacional qué dice o qué ha manifestado ante este proyecto?
–Tiene que analizarlo y aprobarlo, porque todos los venezolanos seremos los beneficiados, ya que las promesas electorales que se le hacen al pueblo se podrán materializar o hacer con los recursos de cada estado, sin estar recurriendo o tocando la puerta al Palacio de Miraflores para que le pasen los recursos. Nadie puede insistir en tener o poseer un poder hegemónico, porque el único que tenía capacidad para decirle “chito” a las quejas o reclamos de los ciudadanos ya se murió y estoy hablando del Benemérito.
–¿Para cuándo estaría lista esta ley?
–Estanos recorriendo todo el país por las consultas públicas y no es para evitarnos problemas de metodología legislativa, sino porque esta ley hay que metérsela a todos los ciudadanos y ciudadanas por las venas, a todos los venezolanos y venezolanas que crean en la descentralización. Esta es una ley que le dará el poder a los cuerpos legislativos estadales.
Una ley para el siglo XXI
El proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal asevera en su exposición de motivos que la Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordena a la Asamblea Nacional aprobar una ley que desarrolle la hacienda pública estadal dentro del marco de normas y principios que al respecto consagra el Texto Fundamental. La sanción de tal ley impone, ante todo, dar debida interpretación a las disposiciones constitucionales que se refieren al reparto de potestades y competencias entre los entes político-territoriales, especialmente entre los estados y la República, así como también considerar los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad, como exigencias que la Carta Magna impone para la configuración de la materia hacendística estadal. Este proyecto contempla siete títulos con 232 artículos.
E.A. Moreno-Uribe
emorenouribe@gmail.com
