Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral, declaró que ese ente no puede frenar el proceso que adelanta la oposición. “Pero hay que tener en cuenta circunstancias como la duplicidad de firmas que denuncia el PSUV y la solicitud de ilegalizar la alianza, que pudieran arrojar resultados negativos para el Revocatorio”
La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, confirmó la entrega de la constancia del cumplimiento del 1 % en todo el país a la Mesa de la Unidad Democrática, sin embargo, aclaró que de forma simultánea se están desarrollando otros procesos, como la investigación de duplicidad de firmas solicitada por el PSUV, que se encuentran en manos de las autoridades competentes, y que serán éstas las encargadas de dar veredicto sobre los mismos.
“No podemos decir que se paralice el proceso porque no tenemos posibilidad de hacerlo, tiene que continuar su curso; pero hay que tener presente que hay otros procesos que pudieran arrojar resultados que impacten en el desarrollo de lo próximos pasos”, dijo.
En entrevista a Maripili Hernández, en el programa Sin Duda por Unión Radio, la rectora explicó que será la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia la que decidirá si es viable o no cancelar la inscripción de la MUD como agrupación política por presunto fraude.
“La denuncia que presentó Jorge Rodríguez la pasamos para que sea investigada a nuestra consultoría, tenemos un mes para responder respecto a esto. Después hay un tema de alegato, todo un proceso, pero después de esos 30 días, puede ir al Sala Electoral y ahí no hay lapso, puede ser dos días o tres días”, expresó.
LA MUD y el “fraude”
Sobre el tema de la doble validación de firmas, la rectora manifestó que este delito tiene una responsabilidad “personal”, pero fue la Mesa de la Unidad quien introdujo dicha información en el ente electoral, y por lo tanto “hay que investigar si se puede considerar que están incursos en un fraude o no”.
La representante del ente electoral recordó que la alianza opositora debe presentar un documento solicitando que se permita la recolección del 20 %, como promotores del mecanismo constitucional; luego de su revisión, la Comisión de Participación Política y Financiamiento analizará el escrito y, posteriormente en base al cronograma, se definirá la fecha y los centros de recepción de manifestaciones de voluntad.
