Durante la década los 90 se subastaron los activos de la patria y se profundizó en la privatización y mercantilización de nuestros derechos sociales y económicos
Elías Jaua Milano
Por estos días de 1999 se daba un proceso inédito, profundamente democrático y democratizador de la sociedad venezolana, con el inicio de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente originaria, convocada por el recién juramentado presidente Hugo Chávez, cumpliendo su principal promesa electoral en la campaña de 1998, y aprobada y elegidos y elegidas los y las constituyentes por el pueblo, en referéndum y elecciones respectivamente.
A la par que los y las constituyentes sesionábamos, miles de asambleas barriales, obreras, campesinas, indígenas, religiosas, juveniles, empresariales, de profesionales y académicos, de militares y del pueblo en general debatían sus propuestas que nos hacían llegar por centenares de miles. Esas propuestas recogían, en su inmensa mayoría, un espíritu nacional de recobrar nuestra plena independencia nacional, de preservación y expansión de los derechos humanos de manera integral y una transformación revolucionaria del sistema económico y político que imperaba en Venezuela. Recuerdo que solo sectores como Primero Justicia, Fedecamaras y la jerarquía de la iglesia católica, llevaron propuestas neoliberales y retrógradas, a contrapelo de las luchas y del sentir de nuestro pueblo.
Nuestra Constitución Bolivariana es el parto de la patria nueva para superar casi 200 años de la república oligárquica, subordinada al poder de los Estados Unidos de América, que nos expropió de nuestros derechos políticos, sociales y económicos. Igualmente, nuestra Constitución fue el acta de defunción del modelo neoliberal, mediante el cual, durante la década los 90, se subastaron los activos de la patria y se profundizó en la privatización y mercantilización de nuestros derechos sociales y económicos, en el marco del secuestro de los derechos políticos y una brutal y sistemática violación de los derechos humanos, cuya máxima expresión fue la masacre del 28 de febrero y días siguientes de 1989.
Es por ello que los y las constituyentes debatimos y redactamos un texto constitucional basado en el espíritu de recuperación plena de nuestra soberanía nacional, sustentada en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, estableciendo el carácter inmune, no enajenable de la república y la libertad de uso y disfrute de nuestros recursos naturales, así como del desarrollo de nuestras relaciones internacionales de acuerdo a nuestros interés nacionales, privilegiando la integración suramericana y latino caribeña.
En segundo lugar, nuestra Constitución, doctrinariamente, recupera y defiende el papel del Estado en la economía y en la regulación del capital, diversifica y democratiza las formas de propiedad sobre medios de producción y otros factores económicos, tales como la propiedad individual, indígena, campesina y de empresas de autogestión, cogestión, cooperativas y comunales, entre otras modalidades, así como reivindica la propiedad pública estatal en sectores estratégicos y de conveniencia nacional.
En tercer lugar, el espíritu constituyente consagró en la carta magna que la soberanía popular es intransferible, que el poder le pertenece al pueblo y por eso su texto trasciende el carácter representativo del sistema político y establece su carácter protagónico y participativo, que se ejerce a través del voto, pero también mediante el cogobierno y autogobierno popular, el referéndum popular y del reconocimiento como sujetos políticos de todos los sectores históricamente excluidos, indígenas, campesinos, amas de casa, mujeres, estudiantes, militares, obreros, pescadores y sobre todo a la juventud, entre otras modalidades que le permiten al pueblo preservar su poder frente a las élites oligárquicas.
Desde mi punto de vista, estos son los principios transversales de nuestra República Bolivariana de Venezuela: plena independencia, poder del pueblo en lo político, social y económico y la unión cívico-militar como columna del sistema democrático popular consagrado en la Constitución Bolivariana.
La república, que se refundó a partir del proceso constituyente de 1998, no será posible gobernarla en el marco de un proyecto oligárquico, neoliberal y neocolonial como el representado por un empresario capitalista, o los hijos e hijas de familias de la burguesía rentística o de un viejo dirigente adeco racista, resentido con mucho odio de clases y profundamente represivo como Henry Ramos Allup, por señalar algunos de los que se disputan el control de la oposición contrarrevolucionaria.
La constitución bolivariana establece un modelo de sociedad para ser desarrollado y liderado por gobiernos democráticos, populares y soberanos, como es nuestro gobierno bolivariano presidido por el compañero Nicolas Maduro. El proyecto de los partidos de la burguesía es antagónico con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por ello que no podrían gobernar en el marco de la misma.
Pero ese mismo condicionante nos obliga a nosotros, la dirigencia chavista, a profundizar los mecanismos de democratización y participación popular; a apoyar y estimular, sin dudas, como nos enseñó Chávez, las nacientes experiencias de propiedad social de medios y factores de producción en manos de trabajadores y trabajadoras, indígenas, campesinos y campesinas, comuneros y comuneras y jóvenes emprendedores; a lograr la máxima eficacia productiva revolucionaria y transparencia administrativa en las empresas estatales y a impulsar el desarrollo de todas las fuerzas productivas, públicas y privadas, no olvidemos que estas últimas son la mayoría en la economía nacional, esa es la realidad, y por ello su responsabilidad, con apoyo pero también con regulación del Estado.
Nuestro pueblo necesita recuperar la estabilidad y la prosperidad que logró en revolución para sopesar con objetividad la importancia del modelo que apenas hemos comenzado a construir. Por eso es prioritario buscar las soluciones a la actual situación de caotización inoculada en el sistema de distribución de bienes y servicios que atravesábamos. La Gran Misión Abastecimiento Soberano establece los vértices para estimular la producción, a la par que regula y controla que lo producido e importado llegue a la familia venezolana a un precio justo. Esa será nuestra victoria en este momento histórico.
Vamos pues, especialmente nuestra juventud, a defender el poder popular presente y futuro, con el mismo espíritu rebelde, soñador y libertario con que debatimos, redactamos, aprobamos y comenzamos a desarrollar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y veremos cómo despejamos el horizonte de la oatria.
