El plan violento en marcha persigue intensificar las acciones de desestabilización para impedir se consoliden los actuales esfuerzos para superar la crisis económica
Elías Jaua Milano
La paz no solo es un ansiado, histórico y poético anhelo de la humanidad. Es, desde 1984, un derecho universal de los pueblos, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz”, bajo el convencimiento de que “una vida sin guerras constituye en el plano internacional el requisito previo primordial para el bienestar material, el florecimiento y el progreso de los países”, proclamó. “Los pueblos de nuestros planeta tienen el derecho sagrado de la paz”. En ese mismo espíritu, nuestra Constitución Bolivariana establece como uno de los valores a consolidar en nuestra sociedad, como es la paz.
Hago estos planteamientos iniciales porque justo en el momento en que el pueblo y el gobierno bolivariano de Venezuela hacen un sublime esfuerzo, en medio de una agresión internacional, política, económica y de violencia criminal, para recuperar la senda de la prosperidad que habíamos logrado en la primera década de la revolución bolivariana y socialista, nuevamente el gobierno de Estados Unidos y sus nuevos aliados en Suramérica, alientan a una oposición contrarrevolucionaria enceguecida de odio a lanzar un nuevo plan de violencia y muerte contra todo un pueblo. “Referéndum o estallido”, ha dicho el gobernador del Estado Miranda. Hago énfasis en el cargo que detenta el declarante, porque eso será un agravante a la hora de las responsabilidades penales que deberá asumir Henrique Capriles Radonsky, si aquí se llegara a desatar la violencia en los próximos días.
El plan violento en marcha persigue intensificar las acciones de desestabilización para impedir se consoliden los actuales esfuerzos para diversificar los ingresos nacionales, incrementar la producción nacional, regularizar la distribución de bienes y servicios, controlar la especulación, el acaparamiento y el contrabando en el marco de un gran empeño cívico militar como lo es la Gran Misión Abastecimiento Soberano, que nos permitan, en los cuatros meses que restan del año, superar la compleja situación económica que nos ha tocado atravesar.
Las instituciones del Estado venezolano están obligadas a garantizar el derecho a la estabilidad política, social y económica de nuestro pueblo, como lo manda nuestra Constitución y como lo establece la referida declaración de las Naciones Unidas. “Los Estados deben contribuir por todos los medios a asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz”.
Los medios del Estado son en primer lugar el diálogo político, convocado insistentemente por el presidente Nicolás Maduro con respaldo internacional y apoyo mayoritario de la población; diálogo que ha sido rechazado de manera burlesca por la oposición venezolana.
Son también medios del Estado para garantizar el derecho a la paz, el uso legal y proporcional de la fuerza pública y la aplicación de las leyes a los responsables de promover, convocar y ejecutar actos de violencia contra la sociedad.
No obstante, el mayor garante de la paz es el propio pueblo generando opinión pública y movilizándose para neutralizar con su presencia en las calles a quienes quieren promover la violencia fratricida y con ello negarle el derecho a la familia venezolana a que se solucionen los actuales problemas de acceso a los productos de consumo básico.
Es por ello que los y las patriotas seguimos movilizados por todo el país. El lunes en Barinas, el martes en Vargas, el miércoles en Miranda, Valles del Tuy, y el jueves en Caracas. Dios mediante, nuestra victoria será la paz.
