Los operadores de medios no estatales, que cada día deben ser más y en diversas modalidades de propiedad, tienen el derecho de contar con garantías para la prestación del servicio, pero no pueden pretender ejercer una posición de dominio que les permita ponerse por encima de los derechos del resto de la sociedad
Elías Jaua Milano
Cada sesión de la actual Asamblea Nacional venezolana demuestra cuán acertadas y vigentes son las tesis de los teóricos del socialismo acerca del carácter del parlamentarismo en la sociedad burguesa. Ellos y ellas plantean que en nombre de la democracia se convoca a la mayoría para legitimar en el poder, la facción de turno de las clases explotadoras.
En la actual Asamblea Nacional hemos podido ver cómo una mayoría parlamentaria legisla para las élites minoritarias de la sociedad. Lo vimos en la discusión de la ley sobre la propiedad de la vivienda, donde por encima del derecho humano de millones de familias a una vivienda se pretendió imponer los intereses de 4 o 5 grupos financieros inmobiliarios.
Lo presenciamos el pasado martes, cuando se aprobó la reforma a la ley de telecomunicaciones, en la cual se elimina el carácter constitucional de servicio público de las mismas y se debilita la competencia constitucional que tiene el poder nacional de administrar el espectro electromagnético, por donde se trasmiten las ondas de radio y televisión, en tanto que es un bien público de toda la nación.
Con esta reforma a la referida ley, se le entrega el espectro electromagnético a cuatro corporaciones de televisión y a no más de 20 cadenas de radio la posición de dominio y el uso privado sobre un bien, que nos pertenece a casi 30 millones de venezolanos y venezolanas que ya somos.
En esta aberración aprobada, los dueños de los medios con solo notificar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que quieren seguir con la concesión, un mes antes de su vencimiento, esta se considera prorrogada. Eso viola la Constitución de manera flagrante.Veamos con un ejemplo coloquial cómo funcionaría la ley sancionada. Alguien te presta su automóvil por un año y en el mes 11, tú le notificas que lo vas a usar un año más y esa persona tiene que aceptarlo. Es un absurdo ético y legal.
Con el Bloque de la Patria votamos en contra de esa reforma. No es la primera vez que me toca hacerlo, en el año 2000, siendo vicepresidente de la Comisión Legislativa Nacional, parlamento transitorio nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente hasta que se realizaran las elecciones para la nueva Asamblea Nacional. Las corporaciones mediáticas que todavía tenían el control sobre los técnicos de Conatel y aprovechando que en nuestro naciente gobierno había poca conciencia sobre el tema comunicacional, lograron colar una ley de telecomunicaciones que le dio todos los poderes a los dueños de los medios, contra la cual, por supuesto, voté en contra.
Tanto poder obtuvieron, que se atrevieron a ser la vanguardia del golpe de Estado contra nuestro comandante Chávez y contra nuestra democracia, en abril del año 2002. Tras esa fatídica experiencia, en sucesivas reformas se fue regulando y democratizando el poder mediático, para proteger a la sociedad. Lo aprobado el martes pasado es la restauración de todo el poder para los medios sobre la sociedad.
Como uno de los constituyentes proponentes del derecho a la comunicación libre y plural y del carácter de servicio público en la gestión y acceso a la radio y televisión, creo que los operadores de medios no estatales, que cada día deben ser más y en diversas modalidades de propiedad, tienen el derecho de contar con garantías para la prestación del servicio, pero no pueden pretender ejercer una posición de dominio que les permita ponerse por encima de los derechos del resto de la sociedad. Eso constituye una amenaza para la democracia.
Volviendo al tema del parlamentarismo burgués, queda claro que los partidos de la MUD responden a los intereses de clase de una minoría, aun cuando invoquen a la mayoría para despojarlas de sus derechos. Qué diferencia con la Asamblea Nacional con mayoría revolucionaria de los 17 años anteriores.
En aquella se aprobó la ley eliminando los créditos indexados y con ello se garantizó el derecho de decenas de miles de familias a la vivienda; se sancionó la ley que democratizó la propiedad y el uso de los medios de comunicación, dándole voz a todo el pueblo; y todas las leyes que ampliaron y profundizaron los derechos sociales, políticos, culturales y económicos del pueblo históricamente excluidos, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, trabajadores, comuneros, motorizados, estudiantes, entre muchos otros y otras.
Finalmente, es importante saber que los intereses de las clases explotadoras no solo están expresados en el parlamento burgués; también al interior de los procesos revolucionarios éstas logran permear su ideología y cooptar a funcionarios del gobierno y a dirigentes de distintos niveles, que por debilidad ideológica o moral se colocan al servicio de la restauración del poder de las élites, defendiendo sus tesis e intentando desmantelar el poder logrado por el pueblo. Ante esto, el partido y el poder popular deben estar alertas para identificarlos y combatirlos en el plano de las ideas y de la acción.
Es larga y compleja la lucha por construir una sociedad auténticamente democrática, donde todos y todas tengamos derecho a todos los derechos, nuestro socialismo bolivariano. Por ahora, tenemos en nuestra Asamblea Nacional a unos dirigentes de la MUD que, parafraseando a Jorge Eliécer Gaitán, se les ve la punta del cheque en el bolsillo de la burguesía. Amanecerá y veremos.
