Casi dos meses después de que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz en un plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño (Timochenko), sellaron con un «balígrafo» (una bala convertida en bolígrafo) el revisado pacto, en una austera ceremonia
Colombia firmó este jueves un renegociado acuerdo de paz con la guerrilla FARC para acabar medio siglo de confrontación, que probablemente será ratificado en el Congreso la semana próxima a pesar de la persistente oposición.
Casi dos meses después de que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz en un plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), sellaron con un «balígrafo» (una bala convertida en bolígrafo) el revisado pacto, en una austera ceremonia.
Las 800 personas invitadas al clásico Teatro Colón de Bogotá contrastaban con la pompa de la firma anterior, el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena frente a 2.500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado.
El texto, alcanzado el 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, busca poner fin al conflicto armado más antiguo del continente, en el que también han participado paramilitares y agentes estatales, con saldo de más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
«Este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos», aseguró Santos, confiado en que la refrendación del texto «sea aprobada en el curso de la próxima semana».
Timochenko, por su parte, negó que se depongan posiciones ideológicas. «Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra, para confrontar civilizadamente las contradicciones», dijo, al tiempo que propuso conformar un «gobierno de transición» para dar cumplimiento «cabal» al pacto.
Uribe propone referendo –
Esta misma tarde, el acuerdo fue llevado al Congreso, de mayoría oficialista, donde debe aprobarse e iniciarse el proceso de implementación.
El debate, que se iniciará el martes en ambas cámaras, será abierto y televisado, y con participación no sólo de legisladores, sino también de víctimas y opositores.
«Estamos asumiendo esta responsabilidad con todo compromiso», declaró a la AFP el presidente del Senado, Mauricio Lizcano.
La decisión, sin embargo, es cuestionada por quienes siguen en contra del pacto, liderados por el expresidente y actual senador de derecha Álvaro Uribe, cuyo partido anunció que llamará a los colombianos a las calles.
Aunque reconoció que hubo mejoras con respecto al texto inicial, el expresidente destacó que aún resta cambiar «aspectos sustanciales» y esbozó la idea de juntar firmas para un referendo que revise ciertos puntos de los acuerdos.
«El país dijo paz sí, pero sin impunidad. Y aquí continuamos con impunidad total», dijo a la RCN televisión.
Uno de los principales reclamos de la oposición es que el nuevo documento también permite que guerrilleros culpables de delitos atroces pueden presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.
“Problemática”
implementación
Según se anunció este jueves, a partir de la refrendación empezarán a correr los plazos de la implementación, un tema sobre el que gobierno y rebeldes tienen especial premura.
«Cinco días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas. Y en 150 días, tan sólo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Las FARC, como grupo armado, habrá dejado de existir», enfatizó Santos.
Aunque las partes sostienen un cese al fuego desde fines de agosto, su fragilidad ha quedado de manifiesto con la reciente muerte de dos guerrilleros en supuestos combates con el Ejército y el asesinato de varios líderes sociales.
