El Tribunal 1º de Control dictó privativa de libertad contra diez de los once militares involucrados en el hecho punible
Aún cuando la Fiscalía anunció que habían ordenado medidas de protección para los testigos de la masacre de Barlovento, donde fueron asesinados 12 hombres en un procedimiento militar a mediados de octubre, ninguno ha recibido la custodia prometida.
Es por ello que varios de ellos se encuentran bajo resguardo, o se han alejado de sus viviendas por seguridad.
En una extensa audiencia celebrada hasta altas horas de la noche del jueves, en el Circuito Judicial del estado Miranda, extensión Barlovento, el Tribunal 1º de Control dictó medidas privativas de libertad contra 10 de los 11 militares mencionados en la masacre, atendiendo la solicitud de los fiscales nacionales, Ramón Diamont, Eddmysalha Guillén y Yanira Rivas, y 10ª de Miranda, Clarisa Espinoza.
Les imputaron los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, desaparición forzada, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio, respecto a los 12 fallecidos.
También les imputaron privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, tortura y tratos inhumanos, contra nueve sobrevivientes.
La medida recayó sobre el teniente coronel José Ángel Rojas Córdova, sargentos Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz Acevedo, Luis Ramón Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar, Rommy Antón Anton y Miguel Francisco Rodríguez, y los cabos Arquímedes José Aguey, Luis Eduardo Machado Márquez y Fabián de Jesús Rangel Rangel, quienes deberán ser recluidos en la cárcel de Yare III.
El Ministerio Público, conjuntamente con el Cicpc, determinó que las víctimas fueron detenidas sin que hubiera una orden judicial ni situación de flagrancia.
