El estruendo de hierros retorcidos despertó una noche reciente a los vecinos de la zona industrial Guayabal, en las afueras de Caracas.
Asombrados, algunos vieron cómo la torre de telecomunicaciones de 40 metros de altura, que la estatal CANTV compartía con Movistar, se desmoronó cerro abajo luego de que ladrones le quitaran hasta las tuercas que la mantenían en pie.
El robo, que incluyó cables de cobre y un motogenerador, fue el último de los seis que afectaron aquella estación este año y es uno de los cientos que viene sufriendo la infraestructura de las empresas de telefonía e internet en Venezuela, perjudicando un servicio cada vez más defectuoso.
“Ahora todo es comercializable y la gente hace cualquier cosa para sobrevivir”, se lamentó Víctor Martínez, gerente general de redes de Movistar Venezuela, filial de la española Telefónica, en otra estación, donde también robaron baterías y compresores.
“Nos gustaría invertir ese dinero en modernizar la red, no en blindar las estaciones como si fueran búnkeres de guerra”, agregó Martínez entre los escombros de equipos, cuya reposición le costará a la empresa 4.000 millones de bolívares este año (unos 5,9 millones de dólares a la tasa de cambio oficial).
La seguidilla de hurtos ha agravado la calidad del servicio de telefonía móvil y fija en Venezuela, que ha quedado rezagado tras años de desinversión al no haber podido acceder a divisas gubernamentales para importar repuestos y nueva tecnología.
Además, afecta la velocidad del internet, que ya de por sí es el más lento de Latinoamérica, según un estudio de la Cepal.
Movistar, la segunda empresa de telecomunicaciones más grande en el país, ha sufrido 636 robos en lo que va del año -un incremento del 179 por ciento respecto al 2015-, desde pesados grupos electrógenos y baterías hasta cables de cobre y tuercas que luego son vendidas en el mercado negro en medio de la escasez de productos por las limitadas importaciones.
Digitel, compañía de capitales venezolanos que se ubica por detrás de la española en número de clientes, dijo que este año les han robado a un ritmo de cuatro estaciones por día, desde las menos de dos que les desvalijaron cada semana del 2015.
La estatal CANTV, la firma más grande del rubro, no atendió una solicitud de Reuters para conocer cómo se ha visto afectada. Pero en varios anuncios en medios de comunicación ha reconocido el problema y ha exhortado a sus usuarios a denunciar el “vandalismo” que afecta sus servicios de telefonía e internet.
Los destrozos son tales que ciudades como La Vela de Coro, en la costa occidental del país, han quedado aisladas ya que es imposible hacer o recibir una llamada de ninguna de las tres operadoras de telefonía, según denunciaron sus pobladores.
“Es poco lo que podemos hacer”
Los maleantes ingresan de noche y aprovechan las ubicaciones remotas de las radiobases y repetidoras, muchas veces en la cúspide de cerros despoblados, para llevarse todo a su paso abriendo forados en los muros perimetrales o quebrando las rejas que protegen las estaciones.
Los equipos electrónicos como microchips, que carecen de valor comercial porque no pueden usarse en otros rubros, los destrozan y lo que no pueden llevárselo, lo estropean sin motivos aparentes, según pudo comprobar Reuters en algunas de las estaciones ultrajadas.
Digitel ha llegado a tener hasta 100.000 usuarios afectados simultáneamente y mantiene 42 estaciones fuera de servicio, incapaces de repararlas por falta de repuestos. Por su parte, Movistar tiene 48 estaciones paradas que afectan a 1,5 millones de usuarios o un 15 por ciento de sus clientes.
“Por el nivel de hurto y de destrucción que estas estaciones tienen, no ha sido posible recuperarlas en su totalidad”, explicó Martínez, en una repetidora donde cortaron el cerco eléctrico, rompieron las rejas de seguridad y se llevaron un generador eléctrico, aires acondicionados y cables de cobre.
En octubre, el Gobierno activó la línea gratuita 0800-ANTENAS para que los pobladores de las zonas afectadas denuncien los robos y las firmas empezaron una campaña de concienciación para que la población comprenda que los actos vandálicos los afectan directamente al privarlos del servicio.
Además, para mitigar los efectos de los robos, las empresas están modificando la topología de su red, trasladando potencia de las estaciones con mayores índices de hurtos y vandalismo a otras menos afectadas o más inaccesibles.
“Más allá de eso, es muy poco lo que podamos hacer sin el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado y la colaboración de las personas”, reconoció José Luis Fernández, director comercial de Digitel. La firma no considera la opción de vigilancia privada ya que la mayoría de las torres están en zonas despobladas.
“Prevemos, en el corto plazo, una degradación en la calidad del servicio”, agregó apesadumbrado. Reuters
