La inmediata adopción por parte del TSJ del “exhorto” oficial, lo que hace es ratificar la inexistencia de la separación de poderes en Venezuela
La presunta “revisión” por parte del TSJ de las sentencias 155 y 156 no cambian la gravedad de la situación venezolana. Al contrario, ratifican la lógica golpista con la que viene actuando el poder: el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación (Codena) no tiene competencia para dirimir “conflictos entre poderes”, y la inmediata adopción por parte del TSJ del “exhorto” oficial lo que hace es ratificar la inexistencia de la separación de poderes en Venezuela. En nuestro país lo que ocurre no es un “impasse” entre la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. Lo que ocurre, como ha señalado todo el planeta, es un golpe de Estado. El golpe de Estado oficialista sigue. En consecuencia, el contragolpe ciudadano también debe continuar.
En efecto, los eventos de las últimas horas (las sentencias del TSJ del 28 y 29 de marzo, la sesión del Consejo General de la OEA, el exhorto del Consejo de Seguridad y Defensa al TSJ y el inmediato acatamiento de éste) marcan un punto de inflexión para la crisis venezolana.
La sesión del Consejo General de la OEA realizada el 28 de marzo en horas de la tarde configura una muy seria derrota para el régimen presidido por Nicolás Maduro… y un llamado serio a toda la oposición a recuperar la congruencia, y a lograr que las consignas expresen las estrategias en vez de sustituirlas. En efecto, el gobierno obtuvo una doble derrota: primera, al ubicar más allá de toda duda que el foro para el debate político en el continente es la OEA, no Unasur, el ALBA o la Celac; segunda, cuando en el Consejo General de la OEA (el mismo organismo en el que en 2014 apenas tres gobiernos se atrevieron a votar contra el régimen de Maduro), ahora 20 países votaron por debatir el caso venezolano, a pesar de la férrea resistencia del gobierno madurista.
Igualmente, la oposición (toda la oposición) no puede ignorar el hecho contundente de que los mismos países que derrotaron en la OEA al régimen de Maduro están diciendo con toda claridad que la solución a la crisis venezolana tiene que ser electoral y que para llegar a ese escenario electoral es indispensable reivindicar lo logrado en el proceso de diálogo nacional y darle continuidad realizando una negociación política con resultados.
Ciertamente, esta mayoría que en la OEA derrotó al régimen de Maduro emitió una declaración en la que formula “un llamado para que se cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso de diálogo presidido por los expresidentes y el Vaticano; y avancen en la pronta identificación de soluciones concretas para garantizar la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas”. Asimismo consideró “urgente se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”, es decir, se respeten y cumplan los puntos de la agenda marcada en su famosa carta por monseñor Pietro Cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano.
Antes y después de esta sesión del Consejo General de la OEA se producen dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La primera, emitida en la mañana del martes 28 de marzo, agrede la institución de la inmunidad parlamentaria, colocando a los diputados al alcance de la represión y la cárcel; la segunda, emitida en la tarde del miércoles 29, en la que técnicamente la Sala Constitucional disuelve el Parlamento, al asumir las competencias que la Constitución prevé y reconoce a la Asamblea Nacional, para posibilitar no solo que el Ejecutivo siga desconociendo a los diputados electos por el pueblo, sino también para hacer posible que Maduro endeude al país y negocie con transnacionales el establecimiento de empresas mixtas para la explotación petrolera y de otras riquezas sin contar para ello con la aprobación del Poder Legislativo, como lo exige la Constitución.
Estas sentencias no son dos simples arbitrariedades más. Son medidas que implican un quiebre profundo en la vida del país. La Sala Constitucional está facultada para ser “el máximo intérprete de la Constitución”, no para reescribir la Carta Magna. La sentencia que de hecho anula al Parlamento altera la estructura de la república, pues ya no hay en nuestro país poderes autónomos que se controlen mutuamente, para beneficio del ciudadano. El único poder público autónomo, el Legislativo, es desconocido por el resto de la burocracia estatal, y los otros “poderes” que constitucionalmente también deberían ser autónomos (el judicial, el electoral, el ciudadano) tienen una relación de lamentable subordinación al Poder Ejecutivo. Estas sentencias, pues, no han afectado solo a la Asamblea Nacional, sino que han hecho colapsar a la forma republicana de gobierno establecida en nuestra Constitución.
Así lo reconoció en valiente declaración pública la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Ante una situación de esta gravedad y profundidad, la respuesta de la sociedad venezolana debe ser masiva, contundente y pacífica. Subrayamos el carácter pacífico porque de lo contrario tal respuesta coincidiría lamentablemente con la estrategia oficialista de generación de caos para justificar la declaratoria de un “estado de conmoción interna” que sirva de coartada a la suspensión de elecciones presidenciales de 2018. Para una respuesta así es necesario que los gremios, los sindicatos, las comunidades populares, las universidades, las academias, todos los actores sociales, coordinen con los actores políticos no la convocatoria a un “evento”, marcha o concentración, sino el diseño y ejecución de una campaña ininterrumpida de resistencia pacífica, que sea sostenible en el tiempo y que abarque todo el país, hasta lograr el retorno del país a la constitucionalidad. Ese es el contragolpe ciudadano.
Es también fundamental que el liderazgo político, por su parte, logre los consensos que permitan definir e iniciar la ruta que la sociedad democrática venezolana debe transitar para lograr la transición a la democracia: como combinar la movilización pacífica de calle, la negociación política directa y la presión política indirecta, nacional e internacional, para lograr la realización de elecciones, la posterior instalación de un gobierno de unidad nacional y el inicio del proceso de reconstrucción nacional.
Llegó la hora. La hora de movilizarnos. Y esa movilización debe ser no para “reaccionar” ni para “desahogarnos”, sino movilizarnos asertivamente para lograr objetivos claramente establecidos. Llegó la hora en que las consignas expresen la estrategia, no la sustituyan. ¡Pa’lante!
RADAR DE LOS BARRIOS
