Venezuela, con su «socialismo del siglo XXI», ha creado una nueva burguesía (boliburguesía) y una clase política burocrática, verticalista, clientelista y corrupta que ha dejado prácticamente intacto al gran capital
El chavismo-madurismo ha contribuido, como otros gobiernos llamados «progresistas», a desacreditar, no solo en sus respectivos países sino en todo el mundo, la idea de socialismo. Y para eso han contribuido no pocos opinólogos falsoprogresistas con sus artículos elogiosos y desprovistos de espíritu crítico de dichos regímenes. Eso ha llevado a que mucha gente diga: si eso es el socialismo, no gracias.
Tiene razón Astarita cuando escribe:
Los burócratas-milicos-«socialistas» provocaron una profunda derrota en la conciencia de la gente (y no solo en Venezuela). Esto no se revierte de un día para el otro. Ahora, el rol de la crítica pasa al primer plano.
Venezuela, con su «socialismo del siglo XXI», ha creado una nueva burguesía (boliburguesía) y una clase política burocrática, verticalista, clientelista y corrupta que ha dejado prácticamente intacto al gran capital, pero no se priva de reprimir a las organizaciones obreras independientes.
Sin una política consecuente de progresiva socialización de los medios de producción, el asistencialismo y el clientelismo, además de durar solo hasta que se agota la caja, es sobre todo un reaseguro del sistema capitalista, pues sirve como válvula de escape a la presión social.
El conflicto entre Maduro y el Parlamento tiene su raíz, entre otras cosas, en el propósito del Presidente de manejar a su antojo la política petrolera en materia de empresas mixtas.
Ahora Maduro se echó atrás, pero solo parcialmente, pues al parecer sigue vigente la decisión del Tribunal Supremo de excluir del control parlamentario las decisiones en materia de política petrolera, en violación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Pese a las apariencias, la política petrolera chavista ha sido regresiva.
El Tribunal Supremo, controlado por magistrados que son vistos como cercanos al gobierno, dictaminó que ya no era necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional para las decisiones relativas a la formación de empresas mixtas en el sector petrolero.
Esta decisión tiene mucho que ver con la búsqueda de una salida -antinacional y antipopular- a la profunda crisis que aqueja a Venezuela.
Es exactamente lo opuesto de lo que hizo el gobierno revolucionario cubano en 1959-60 cuando comenzó a sufrir el acoso -que enseguida se transformó en bloqueo- del imperialismo yanqui : nacionalizó las empresas estadounidenses y puso en marcha la reforma agraria.
Según la agencia de noticias Reuters, la medida del Tribunal Supremo puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el parlamento no serían válidos.
No hay que olvidar que la industria petrolera es la principal fuente de divisas para Venezuela.
En medio de una profunda crisis económica, Venezuela busca recaudar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos.
La estatal petrolera Pdvsa ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación de 10 % en la empresa conjunta Petropiar, dice Reuters.
La industria petrolera es la principal fuente de divisas para Venezuela.
Esa compañía mixta, que por el momento tiene un 70 % de capital de la estatal Pdvsa y un 30 % de la estadounidense Chevron.
Rosneft además tiene intereses en la llamada Franja del Orinoco, una zona de producción de crudos pesados que hace pocos años era vista como una de las más promisorias para la producción petrolera.
Pero poco tiempo después de conocerse la iniciativa de ofrecer participación a Rosneft en Petropiar, el legislador opositor José Guerra compuso un mensaje en Twitter advirtiendo que cualquier negocio semejante debería contar con la aprobación de la legislatura.
El año pasado, la Asamblea también había criticado otra anunciada inversión de Rosneft en Petromonagas, otra de las empresas mixtas establecidas para explotar el petróleo venezolano.
El 18 de marzo último, según informó el diario caraqueño El Nacional, una subcomisión de la Asamblea Nacional había anunciado una investigación sobre ese negocio.
Algunos legisladores opositores denunciaron que los términos ofrecidos a Rosneft en Petromonagas habían sido demasiado favorables a la firma rusa.
En ese sentido, quitarle a la Asamblea la potestad de aprobar estas nuevas iniciativas petroleras puede hacer más expeditiva su concreción y así facilitarle al gobierno la recaudación de fondos que necesita de manera urgente.
Alejandro Teitelbaum
aporrea.org
