El objetivo de la sociedad democrática y de su expresión política, la MUD, no es solo el cambio de gobierno sino el establecimiento en Venezuela de una democracia política, económica y social
El país se ha reencontrado con el poder de su movilización y con una dirigencia democrática, encarnada fundamentalmente en los diputados de la Unidad, que, asumiendo y compartiendo riesgos, ha sabido reconstruir empatía con el ciudadano. Ya la nación y el mundo saben que no estamos en presencia de algunas “marchas”, sino de una lucha que no se detendrá hasta que en Venezuela se hagan elecciones libres y surja un gobierno de unidad nacional. Por eso es hoy importante repasar, conocer y debatir algunos planteamientos que vayan más allá del muy necesario activismo.
Del desconocimiento al golpe
Para negar la voluntad de cambio del pueblo, el régimen ha aplicado una continuada ruptura del hilo constitucional, que se expresó primero en el desconocimiento de la mayoría calificada que el pueblo dio a la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, luego en el bloqueo y robo del derecho constitucional a realizar un Referendo Revocatorio y por último en el golpe de Estado perpetrado con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, calificadas por la propia Fiscal General de la República como violatorias del orden constitucional.
De la crisis a la emergencia
De esta manera, Venezuela no está ya en “crisis”. En realidad, la nación está en emergencia: el Gobierno se sostiene sobre la base de violar la Constitución; saqueo, ineficiencia y morbo ideológico han destruido la economía, generando hambre y enfermedad; a corrupción, politiquería y pago de una inmoral deuda externa, el régimen dedica las divisas que niega a la alimentación, la salud, la seguridad y la educación. La “crisis” nos trajo a esta emergencia, en la cual la violencia ya no es una “amenaza” sino una realidad que ha cobrado más de 20 vidas en apenas medio mes.
De la emergencia a la transición
Si esto que vivimos no es una “crisis” sino una emergencia, y si el régimen que enfrentamos no es un “mal gobierno” sino una dictadura, entonces la solución a estos males no puede ser simplemente la realización de unas votaciones, como si viviéramos una democracia normal. La realidad es mucho más exigente: el objetivo de la sociedad democrática y de su expresión política, la MUD, no es solo el cambio de gobierno sino el establecimiento en Venezuela de una democracia política, económica y social en los términos definidos por la Constitución de 1999.
La estrategia general para alcanzar ese objetivo ha sido definida como “pacífica, electoral, democrática y constitucional”. Llegar al poder en forma “pacífica y electoral” implica derrotar democráticamente a un régimen que no lo es. Para eso hay que sostener el heroico esfuerzo que hoy está haciendo el pueblo venezolano con la resistencia no violenta, junto al cerco internacional que cada día se cierra con más fuerza en torno a la dictadura, hasta que ambas líneas de acción asfixien al régimen y determinen la convocatoria de un cronograma electoral que contemple en breve la realización de las elecciones que nos deben (de gobernadores y alcaldes) y las elecciones presidenciales.
Ejercer luego el poder en forma “democrática y constitucional” podría implicar que el gobierno que surja de esas elecciones sea no un gobierno “de partido” o de “un grupo de partidos”, sino un gobierno de unidad nacional que actúe como gobierno de transición, con una duración sensiblemente menor a un período constitucional ordinario y con una agenda que pudiera comprender puntos como estos:
1)Libertad plena a los presos políticos, retorno de los exiliados, anular los procesos judiciales de persecución política y reivindicar la memoria de las víctimas de la represión e indemnizar a sus familiares.
2)Atender con urgencia a las víctimas de la crisis humanitaria en materia de acceso a alimentos y medicinas.
3)Promover el pleno restablecimiento y relegitimación de las instituciones y poderes públicos, de acuerdo al texto y espíritu de la Constitución.
4)Reinstitucionalizar el Poder Judicial, para que tribunales autónomos e imparciales ventilen las causas a que haya lugar contra peculadores masivos y violadores de derechos humanos, garantizando el derecho a la defensa de los implicados y logrando así que la transición sea un proceso democratizador sin persecuciones revanchistas y sin impunidad.
5)Apoyar activamente el proceso de fortalecimiento institucional de nuestra Fuerza Armada Nacional, respetando escrupulosamente su ordenamiento legal, su estructura funcional, su apresto operacional y su liderazgo profesional y meritocrático, así como el fundamental principio DOS (disciplina-obediencia-subordinación), todo en el marco de lo establecido en el artículo 328 de la Constitución Nacional, que consagra el carácter profesional y no partidista de las Fanb como institución que se debe a la nación y no a un partido o personalidad.
6)Auditar la catástrofe padecida por el país durante los últimos 18 años y promover los acuerdos necesarios para que el país pueda enfrentar y vencer esa catástrofe con un programa de reconstrucción nacional que tenga el más amplio apoyo social, político, económico, militar, nacional e internacional.
7)Convocar en el plazo más breve posible a elecciones libres con un Poder Electoral relegitimado y realmente autónomo, con observación internacional y sin la ilegal figura de los “inhabilitados” por triquiñuelas administrativas.
De la transición a la reconstrucción
El gobierno que emerja de esas elecciones libres (ese sí, con la duración establecida en la Constitución Nacional, que tras el debate de rigor y mediante enmienda constitucional podría ser de seis años sin reelección o de cuatro años con una sola reelección) tendrá como marco la Constitución y el consensuado Programa de Reconstrucción Nacional. En su orientación, estructura y mecanismos debiera preservar la unidad de los demócratas, para garantizar que la reconstrucción económica, física y moral de la república sea un proceso acelerado que devuelva a la sociedad venezolana calidad de vida como resultado de construir una economía libre, abierta, productiva, capaz de financiar una sociedad realmente justa, inclusiva y solidaria, que funcione en el marco de una democracia eficiente y transparente.
Es factible que sobre este tema, del “hacia dónde”, existan otras ideas. Es posible incluso que sean mejores que las aquí expuestas. Pues bien: ¡es hora de que, quien las tenga, las plantee! Por valerosa y sacrificada que sea una lucha, esta no llegará a su objetivo si el mismo no ha sido definido y consensuado. Hacerlo es urgente ¡Pa’lante
