También fue implicado un detective del cuerpo policial en el caso de reclamo de dinero para no vincular a labriegos en un hecho unible
El Ministerio Público acusó al jefe de Investigaciones del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas de Trujillo, Carlos Briceño Batidas (37), y al detective agregado José Godoy Gudiño (28), por presuntamente exigir 50 millones de bolívares a dos agricultores a fin de no vincularlos con un hecho punible.
El 15 de febrero de 2017 las víctimas se desplazaron desde la población de Sabana de Mendoza (Trujillo), donde residen, hasta la Fiscalía 11º Nacional con competencia en materia contra la Corrupción (Caracas) y denunciaron la situación.
En este sentido, los fiscales de esa dependencia, Carlos Gutiérrez y Estefany Sosa, acusaron a Briceño Batidas (inspector agregado) y a Godoy Gudiño por los delitos de extorsión agravada en concurso real de delitos y asociación para delinquir, reseña un anota de prensa del MP.
Tales tipos penales están establecidos en las leyes contra el Secuestro y la Extorsión; y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El escrito fue consignado ante el Tribunal 6º de Control de Trujillo, instancia a la cual se le solicitó la admisión del acto conclusivo, el enjuiciamiento de Briceño Batidas y Godoy Gudiño, y que se les mantenga privados de libertad. Estos permanecen recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, situada en Ciudad Ojeda, estado Zulia.
El referido día, las víctimas se presentaron en la citada fiscalía y denunciaron que dos funcionarios del Cicpc les solicitaron 50 millones de bolívares a cambio de no involucrarlos en un homicidio.
En virtud de esa situación, se iniciaron labores de investigación y se coordinó una entrega controlada de dinero el 10 de marzo en Valera, tras la cual el inspector y el detective resultaron aprehendidos cuando se presentaron al sitio para recibir el dinero exigido.
El procedimiento, practicado con el apoyo de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, fue solicitado por los fiscales del caso y acordado por el Tribunal 21º de Control del Área Metropolitana de Caracas.
Durante la investigación también se determinó que los hombres habrían extorsionado a un aproximado de 20 granjeros de la zona.
