Acompañado por el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, también inhabilitado políticamente por 15 años, Guarulla afirmó en Caracas que la Contraloría cometió un “sicariato político” con una multa que apenas supera los 15.000 bolívares. “Lo que equivale a dos cartones de huevos”, acotó.
“Mi inhabilitación política por 15 años es un problema de discriminación racial, que se ha visto en el odio que le corroe las entrañas. El trasfondo es meramente político, es un proceso que tiene 10 años y en el que se han acumulado varias causas”, explicó el gobernador en una rueda de prensa.
Guarulla, quien también se hizo acompañar de dos de los diputados indígenas por Amazonas separados de sus cargos por una orden del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que su sanción pretende restar los derechos políticos adquiridos por la entidad mediante elecciones libres y democráticas.
“Nuestro país está inhabilitado. Son 10 millones de electores que no pueden ejercer con su derecho al voto”.
“La decisión del Contralor (Manuel Galindo) es que no hay daños patrimoniales y que solo se trata de un tema de negligencia y presunta adquisición de bienes y contratación de servicios. Pero en el fondo se ha cumplido el mandado de un negro contra un indio”, afirmó.
“Este es un régimen miserable que en 18 años no han podido ganar unas elecciones. Este es un pueblo que decidió transitar su libertad. Pretenden acabar con mi vida política, pero aquí no se acaba, porque la misma inició con la defensa de los pueblos indígenas. Tampoco podrán acabar con mi fama ni mi razón de ser: no me pueden ganar con votos ni por la vía de la justicia”, recalcó Guarulla.
El gobernador anunció que acudirá al Tribunal Supremo de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para “que limpien nuestro nombre”.
El año pasado “nos aplicaron unas multas que pagamos y nos dijeron que podíamos recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, pagamos la multa, pero aún no tenemos decisión al respecto”, apuntó.
Tras advertir que su sanción no afectará el dominio opositor en el estado Amazonas, Guarulla afirmó que la decisión de la Contraloría responde a una política para despojar espacios a sectores contrarios a Nicolás Maduro.
