La oposición venezolana intentará marchar este miércoles hacia el máximo tribunal de justicia, en el centro de Caracas, cuyos fallos contra el Parlamento desataron hace 40 días protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejan 36 muertos y cientos de detenidos.
Aunque las fuerzas de seguridad les han impedido con bombas lacrimógenas llegar al centro de la capital en los días previos, los opositores insistirán en exigir elecciones generales para sacar a Maduro del poder y rechazar la convocatoria del gobierno a una Asamblea Nacional Constituyente.
«Cuando se le cierran todas las puertas democráticas a un pueblo, ¿qué le queda? Volcarse a la calle. Estamos en un escenario de resistencia», dijo el líder opositor Henrique Capriles, al animar a las manifestaciones en todo el país.
Las marchas tienen como combustible el malestar popular por la crisis económica que golpea al país petrolero, con una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación, la más alta del mundo, que según el FMI será de 720% este año.
Las protestas comenzaron el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirara la inmunidad de los diputados y asumiera las funciones del Parlamento, único poder que controlan los adversarios de Maduro.
La oposición calificó esos fallos -anulados parcialmente tras fuerte presión internacional- como un «golpe de Estado», que a su juicio «continúa» con la convocatoria que hizo Maduro el 1 de mayo a una Constituyente para profundizar la revolución socialista.
¿Militarización de la justicia?
La Fiscalía registra 36 muertos en choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes, saqueos, tiroteos y otros disturbios. Además, según la ONG Foro Penal, 1.990 personas fueron arrestadas, de las cuales unas 650 permanecen detenidas.
Pero la tensión aumentó esta semana con el enjuiciamiento de civiles en tribunales miliares, lo que la oposición denunció como una maniobra del gobierno para «criminalizar» y «desactivar» las protestas. El gobierno aún no se pronuncia sobre los polémicos procesos.
De acuerdo con el director de Foro Penal, Alfredo Romero, 118 personas han sido presentadas ante tribunales castrenses en el estado Carabobo (centro-norte) y 19 en Falcón (oeste), de las cuales 73 han sido encarceladas, acusadas de «rebelión».
«Si ya militarizaron todo, ¿cómo no van a militarizar la justicia? Y no es porque realmente lo requieran, sino porque quieren control total», aseguró el diputado opositor Henry Ramos Allup.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó la medida como una «práctica de las dictaduras», al participar a través de una videollamada en la sesión parlamentaria del martes.
El gobierno, que inició el retiro de Venezuela de la OEA, acusa a Almagro de promover un golpe de Estado y una intervención internacional con la -según sostiene- Estados Unidos busca apropiarse de la riqueza del país con las mayores reservas petroleras del mundo.
¿Constituyente de paz o guerra?
Maduro, cuya gestión es rechazada por más del 70% de los venezolanos según encuestas, asegura que las manifestaciones han derivado en «actos terroristas» y focos de «insurgencia armada».
Ante ello, el presidente dijo haberse visto obligado a convocar a una Constituyente para reforzar la Constitución que impulsó su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y lograr la paz y la reconciliación.
«No hay nada más democrático en este momento», manifestó Elías Jaua, delegado presidencial para impulsar la iniciativa, quien agregó que «frente a los grupos armados» de la oposición está la «Constituyente de paz».
La oposición descarta participar en la Constituyente, porque la mitad de los 500 asambleístas serán elegidos entre sectores controlados por el chavismo, lo que a su juicio niega el voto universal. Maduro asegura que será «popular» y no de «élites».
«Este fraude lo que pretende es que no haya elecciones, que nada cambie, que se siga hundiendo Venezuela y se mantenga Maduro -quien concluye su mandato en enero de 2019- atornillado en el poder», declaró Capriles.
El analista Benigno Alarcón aseguró a la AFP que, al cerrarse la vía electoral, la Constituyente «agudizará» el conflicto. «Sigue el comportamiento de los enfermos terminales: sé que me voy a morir, pero si vivo un día más es ganancia», apuntó.
La convocatoria a una Constituyente deja en el limbo las elecciones presidenciales de diciembre de 2018, las de gobernadores (pospuestas en 2016) y las de alcaldes de 2017.
afp
