“Por disposición del Presidente, he ordenado hoy el traslado de 2.000 Guardias Nacionales y 600 soldados al Estado Táchira en el plan Zamora 2”.
Ninguna persona, no importa su posición política, podrá negar que vivimos en nuestro país un estado de guerra. El plan Zamora,es “rodilla en tierra, muerte al enemigo”. Según el concepto clásico, guerra es la declaratoria de conflictos bélicos convencionales entre dos países o más. Pero en el mundo contemporáneo, el estado de guerra no requiere una declaración conceptual. Es lo que hoy por hoy se denomina guerra asimétrica dentro del mismo país, entre gobierno y opositores (enemigos) por causas eminentemente políticas, como es en nuestro país, entre el socialismo marxista (comunismo) y la democracia social constitucional, en manifestaciones callejeras sin ir a las montañas a combatir como hizo la Farc en Colombia. En Venezuela se manifiesta contra las medidas del modelo económico marxista que ha provocado desabastecimiento, zozobra, angustia, injusticias e inseguridad y ante la agresividad de los guardias nacionales, soldados y milicianos que impiden, por orden directa del presidente Maduro, el derecho a manifestar. Hugo Chávez enamoró al pueblo con frases contra el imperialismo de Estados Unidos de América y de “no soy yo, soy el pueblo”, en populismo a lo Hitler y Perón. La Constitución de 1999, publicitada por el chavismo como la mejor Constitución del mundo, carga con la falla doctrinaria del legado, la de ser marxista, continuado por el presidente Nicolás Maduro, por lo que la propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente, no es para derogar la vigente Constitución, sino para afianzarla en cumplimiento del legado, añadiéndole en su artículo 2 la frase “Venezuela es un Estado Socialista”, pero sin calificarla de marxista en la letra, sino en sus ejecutorias. Es por todo ello que las manifestaciones de la oposición son consideradas por el gobierno como enemigas del régimen comunista, tomando las calles en protesta y siendo repelidas bélicamente y sometidos los manifestantes a la justicia y cárcel militar, por lo que es el mismo gobierno quien ha calificado a la oposición de beligerante. Por lo tanto, deben estar amparados por la Convención de Ginebra de 1949 y de los protocolos de 1977, sobre la protección a las víctimas, así como de los derechos humanos fundamentales. Con la calificación de beligerantes se adquiere la condición de sujetos de derecho internacional y ello conlleva inexorablemente a la obligación de la firma de armisticio, la tregua, la libertad de los prisioneros de guerra, la firma del pacto de no agresión, de no más manifestaciones de calle, la presencia de observadores de altos comisionados de derechos humanos de las Naciones Unidas, la paralización de la Constituyente, la celebración de elecciones pendientes y, en definitiva, la paz que todos deseamos al cesar este estado de guerra.
Vladimir Padrino López
Cesáreo José Espinal Vásquez
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