BUENOS AIRES. Los pilotos argentinos que supuestamente realizaron los «vuelos de la muerte» para arrojar desde el aire a detenidos previamente adormecidos a las aguas del Río de la Plata y del Océano Atlántico se sentarán por primera vez en el banquillo de los acusados.
El juicio a 68 acusados de cientos de secuestros, torturas y homicidios en el mayor centro clandestino de detención de la Armada durante la dictadura militar comenzó el miércoles en Buenos Aires.
Este es el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Escuela de Mecánica de Armada (ESMA) y está considerado el mayor relacionado con delitos perpetrados en la dictadura (1976-1983). Por dicho centro de la Marina pasaron unos 5.000 disidentes políticos, de los cuales la mayoría fueron asesinados o desaparecieron.
Entre los imputados hay ex represores que ya soportan condenas a prisión perpetua por un juicio anterior vinculado al centro de detención, como el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, conocido como el «Ángel de la Muerte». El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 los juzga ahora por 789 secuestros, torturas y homicidios, entre otros delitos.
Entre los pilotos juzgados están Julio Poch, los prefectos retirados Enrique José De Saint y Georges Mario Daniel Arru -ambos ex pilotos de Aerolíneas Argentinas-, y el ex aviador naval Emir Sisul Hess, quien según declaraciones de un antiguo empleado suyo se jactaba de que las víctimas lanzadas al vacío «caían como hormiguitas».
Poch fue extraditado desde España, donde previamente había sido detenido tras llegar tripulando una aeronave de una compañía de Holanda, país donde residía. Según dichos de sus ex compañeros de trabajo, Poch también se habría jactado de arrojar al mar a quienes consideraba como «terroristas de izquierda».
Tanto Poch como Hess han negado en distintas instancias judiciales haber participado en dichos vuelos.
Los civiles enjuiciados en el denominado juicio ESMA III son el ex secretario de Hacienda Juan Alemann y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. El primero está acusado de haber hablado con un detenido encapuchado y esposado en una sala de torturas y el segundo de haber participado en los vuelos en los que se arrojaba a los secuestrados al mar.
Los «vuelos de la muerte» fueron revelados por sobrevivientes. En 1995 el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo confirmó esa práctica al confesar públicamente en Argentina que tiró al mar a 30 secuestrados, en dos vuelos. Posteriormente, en un viaje a España, fue detenido y condenado a más de mil años de cárcel por el Tribunal Supremo.
Los querellantes son organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los niños que fueron robados a sus padres desaparecidos por los represores.
La Fiscalía está representada por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.
AP