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El mandatario Juan Manuel Santos puntualizó que fue informado de esa decisión, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza
El presidente Juan Manuel Santos anunció este miércoles que Colombia denunció el Pacto de Bogotá, en reacción al reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre delimitación en el mar Caribe con Nicaragua, que Bogotá cuestiona y aún no ha puesto en práctica.
«He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia. Por eso en el día de ayer (martes) Colombia denunció el Pacto de Bogotá», dijo Santos en un acto público en Bogotá.
El mandatario puntualizó que Colombia informó de esa decisión al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza.
El Pacto de Bogotá, suscrito por Colombia el 30 abril de 1948, comprometía al país a dirimir sus desacuerdos limítrofes con otros países del hemisferio en el seno de ese tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Con la denuncia del Pacto de Bogotá «Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica de las controversias. Por el contrario, Colombia reitera su compromiso de recurrir siempre a procedimientos pacíficos», advirtió Santos.
De inmediato Nicaragua reaccionó y a través de su representante ante la CIJ, Carlos Arguello, dijo que se trata de un acto «desesperado» y «sin sentido» que no cambiará lo dispuesto por ese tribunal.
«No tiene ningún sentido retirarse del Pacto de Bogotá» porque los límites marítimos fijados para Nicaragua y Colombia son «cosa juzgada (y) absolutamente nada influye en la sentencia», precisó Arguello a periodistas en Managua.
Para Ricardo Abello, catedrático de derecho internacional de la privada universidad Rosario de Bogotá, la denuncia del tratado no es mas que «un acto de protesta» contra el fallo, pero que no tiene ningún efecto sobre éste, además que señaló que sólo en un año entrará en vigencia la renuncia al tratado.
«Hay que cumplir el fallo», dijo Abello a la AFP, tras explicar que con la denuncia (del Pacto) lo que el gobierno busca es es que no haya futuras demandas. Ahora Colombia también queda «al margen o impedido para resolver por esa vía algún conflicto limítrofe con otro país de la región», anotó.
El pasado 19 de noviembre la CIJ resolvió una disputa entre Bogotá y Managua por el archipiélago de San Andrés, al determinar que todas las islas, islotes y cayos corresponden a Colombia, a la vez que trazó una nueva delimitación marítima que otorga a Nicaragua mayor soberanía sobre aguas del mar Caribe, en un fallo inapelable.
«Nunca más, nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre, proferido por la Corte Internacional de Justicia. Es evidente que este fallo condujo a un resultado manifiestamente contrario a la equidad», agregó el mandatario.
Santos se quejó de que el fallo «lleva a un grave detrimento de los intereses nacionales, como los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago (de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), la protección de la reserva marina Sea Flower y la posibilidad de acceder a los recursos naturales».
«Vacíos de inconsistencia
en la delimitación realizada»
Posteriormente a la decisión anunciada por Santos, en una declaración a periodistas, la canciller María Angela Holguín dijo que «Colombia considera que el fallo contiene vacíos de inconsistencia en la delimitación realizada».
«La sentencia debió ceñirse al derecho internacional y respetar la intangibilidad de los tratados», añadió. Y dijo que aunque Colombia «es respetuosa del derecho internacional», está en «desacuerdo con someter asuntos que comprometen su soberanía y sus derechos marítimos a la decisión de tribunales internacionales».
«Esas líneas trazadas por la Corte, que para ella son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para habitantes del archipiélago, la grave afectación de la historia, la geografía, la vida misma y el sustento», sostuvo la jefe de la diplomacia colombiana.
«Los tratados y no los fallos judiciales son el medio idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las Naciones», concluyó.
Pablo Rodríguez
