Ai en Venezuela se llega a producir una gravísima y masiva catástrofe humanitaria, como una guerra civil que implique la fractura de las fuerzas armadas y una conflagración armada entre unidades militares, o entre éstas y cuerpos paramilitares; habrá una costosa e indeseada intervención militar hemisférica multilateral
Del 6 al 17 de junio del año en curso, el Comando Sur de los EE.UU. realiza ejercicios navales y aéreos en Barbados y Trinidad, en conjunto con otras 19 naciones, con proyección geográfica sobre todo el Caribe y coordinación de comunicaciones hasta el Perú, para “prevenir desastres naturales y humanitarios».
Estos ejercicios militares son ordinarios y se inscriben dentro de la planificación anual de cooperación en seguridad de los países de la región. Lo particular del caso es que se realizan en un contexto de alta inestabilidad política y económica en el país continental más importante y cercano del espacio territorial abarcado: Venezuela.
Según la Resolución de Marzo de 2006 de la OEA, la Junta Interamericana de Defensa, el ente responsable de garantizar la seguridad regional, es competente para “proveer la asistencia técnica necesaria en operaciones militares destinadas a tomar medidas de construcción de la seguridad regional, asistencia humanitaria en caso de desastres, y operaciones de búsqueda y rescate de grupos de personas” (Strategic Forum, Nro 268/2010; Institute for National Strategic Studies, NDU, Washington DC).
Esto significa que si en Venezuela se llega a producir una gravísima y masiva catástrofe humanitaria, como una guerra civil que implique la fractura de las fuerzas armadas, y una conflagración armada entre unidades militares, o entre éstas y cuerpos paramilitares; habrá una costosa e indeseada intervención militar hemisférica multilateral.
Sin embargo, Venezuela aún no es un Estado fallido, aunque sí es un Estado frágil que requiere, desde ya, de operaciones complejas de estabilización y reconstrucción, sin que sea necesario esperar que brote un dramático desastre humanitario que implique destrucción de infraestructuras, mortandad, anarquía y desplazamientos forzosos generalizados.
Esas operaciones complejas de estabilización y reconstrucción de Estado preventivas, que requieren de la comprehensión de todas las variables sociales, realismo, dinamismo y flexibilidad; las deberían realizar los propios actores políticos venezolanos: gobierno y oposición, dentro del marco jurídico de su nación, con labores de trabajo social, planeación urbana y económica, antropología e inclusive psicología, que restauren la gobernabilidad (Mc Chrystal & Petraeus: 2009, “Manual de Campo de Contrainsurgencia”; Gregor, William: “Sistemas de Planificación Militar y Operaciones de Estabilización”, PRISM Journal, Vol 1, Nro. 3, 06/2010; Centro de Operaciones Complejas, NDU, Pentágono).
En Venezuela hemos estado insurgiendo contra nosotros mismos.
Finalmente, Mansfield & Snyder en su artículo de 2007: “Transiciones Turbulentas: Por qué las democracias emergentes van a la guerra en el Siglo XXI, publicado en el US Institute for Peace de Washington DC, basándose en estudios empíricos, recomiendan a los países en transición hacia la democracia “que no implementen procesos electorales nacionales, si las instituciones no están suficientemente consolidadas, porque se incrementa dramáticamente el riesgo de brotes de violencia política incontrolada”.
De manera que en Venezuela no resultan convenientes, ni la Asamblea Nacional Constituyente, ni las elecciones generales anticipadas; solamente es viable el cronograma electoral original: Regionales en el 2017 y Presidenciales en el 2018.
Éste es el único sendero de la sensatez, del cual nunca debimos apartarnos.
Profesor Carlos Martínez Ceruzzi
Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales. FACES-UCV
