La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó este viernes su rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por considerar que esta vulnera la progresividad de los derechos humanos (DDHH) y “sumerge” al país en una situación de “convulsión social y violencia”.
Mediante un comunicado, la institución eclesiática aseguró que la “mayor violencia” –en el marco de las manifestaciones antigubernamentales– la ejercen, a su juicio, los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y “colectivos” con el uso de “armas prohibidas”.
El texto suscribe que, tal y como lo expresó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el país hay una “ruptura” del hilo constitucional debido a las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia.
Añade que el Gobierno nacional, pese a ser el garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública “se ha convertido en su principal trasgresor, violentando y atacando residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y moralmente injustificable”.
La Comisión de Justicia y Paz de la CEV exhortó al Ministerio Público (MP) a realizar las investigaciones pertinentes contra funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia; además instó al Consejo Moral Republicano “a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”.
También le exigió al Poder Judicial “que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le correspondan en el conocimiento de las violaciones de los derechos humanos, recordándoles su independencia ante los demás poderes que garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho, y que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas para que se imparta en nombre de la República y por autoridad de la Ley”.
