El Ministerio Público apeló la decisión del juez 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Jorge Timaury, quien negó la solicitud de orden de aprehensión contra el sargento 2º de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Daniel Pérez Medina (22), quien conducía la tanqueta que arrolló a un joven de 22 años durante una manifestación el pasado 3 de mayo en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda.
El titular de la referida instancia judicial capitalina alegó que dicha orden sería violatoria a los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues el efectivo militar debía ser previamente citado antes del requerimiento.
En ese sentido, el fiscal 49º nacional, Oliver Uribe, fundamentó el escrito en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que se pueden apelar aquellas decisiones que causen un gravamen irreparable, entre otras causas.
Además, tomó como referencia la sentencia 1.381 del 30 de septiembre de 2009 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual indica que no es necesaria una citación previa al investigado, sino que la imputación de dichos delitos, debido a la gravedad de los mismos, puede realizarse en la audiencia de presentación una vez detenido ante el juez de control.
De igual manera, el escrito se basó en el artículo 236 del citado código, en el cual se refieren los supuestos sobre la procedencia para decretar la medida privativa de libertad.
De acuerdo con la investigación, el citado día el joven se encontraba en una manifestación que se desarrollaba en Altamira junto a otras personas, cuando fue arrollado por una tanqueta de la GNB conducida por Pérez Medina.
