Un año después de que casi un millar de presos armados resistiera durante 26 días un cerco militar sin precedentes en una cárcel venezolana, el sistema penitenciario sigue inmerso en una crisis a la que el Gobierno no acaba de encontrar solución, reseña Efe.
El domingo se cumple un año desde que el Gobierno venezolano decidiera lanzar un operativo con miles de miembros de la Guardia Nacional en el complejo carcelario Rodeo, a unos 40 kilómetros de Caracas, para recuperar el control del recinto tras una reyerta que dejó 22 personas muertas, entre ellas 21 presos y un visitante.
El episodio puso al descubierto la situación extrema en las cárceles y llevó al Gobierno de Hugo Chávez a crear un ministerio, asignar más recursos al sector y colocar entre sus prioridades al sistema penitenciario.
Tras 12 meses, organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito carcelario afirman que en las prisiones siguen las muertes y no se logran detener los delitos liderados por internos.
“Las cárceles venezolanas son bombas de tiempo, porque ninguna está controlada por el Estado (…) ni hay un servicio que garantice la tranquilidad del interno”, dijo a Efe el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
Según Prado, Venezuela tiene una población carcelaria de casi 47.000 presos cuando la capacidad en los 34 recintos es para albergar 15.000.
A la par, según OVP, 2011 terminó con 560 muertos y 1.457 heridos en las prisiones, cifra que se eleva considerablemente si toman en cuenta los últimos 14 años, cuando hubo más de 5.000 muertos y 12.000 heridos en las cárceles, y se cambiaron 11 ministros de Interior y Justicia encargados del tema.
De la crisis del Rodeo se conoce oficialmente que murieron cinco internos, aunque la prensa eleva a 7 esa cifra. No hay un dato oficial de reclusos heridos, de armas u otros objetos incautados y tampoco se ha aclarado cuántos reos integraban un “grupo” que escapó entonces.
En esa fuga murieron además otros cuatro presos a manos de las fuerzas de seguridad, según el propio Gobierno.
Como resultado se creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se capturaron tres custodios, el director y un comandante de la policía militarizada, en tanto que el Gobierno admitió la responsabilidad de la Guardia Nacional en el tráfico de armas en las cárceles, donde se han hallado, entre otros, fusiles y granadas.
Por otra parte, la crisis del Rodeo se convirtió en motivo para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) multara al canal de televisión Globovisión con 2,1 millones de dólares por el tratamiento periodístico de la crisis.
Pero desde entonces tampoco se han detenido los conflictos, el último notorio ocurrió en mayo pasado, en la cárcel de La Planta, situada la parroquia caraqueña de El Paraíso y que fue escenario de un motín de tres semanas que finalizó con el cierre del lugar y el traslado de 1.693 reclusos.
El motín se saldó con la muerte de un vecino del sector que fue alcanzado por un disparo en medio de los constantes tiroteos que se escuchaban en el lugar.
“El Rodeo está sin novedad y otras cárceles están sin novedad”, declaró a Efe la ministra de Asuntos Penitenciarios, la exdiputada Iris Varela, quien defendió que ese despacho trabaja “en todas las cárceles” y cumple con sus planes “como está programado”.
Aunque Varela no ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido en Rodeo, dijo conocer que “se fugó alguien”, pero aseguró que después fue capturado, y que los líderes de las revueltas “están en algunos centros penitenciarios hoy”.
La ministra ha anunciado la construcción de 24 nuevos recintos carcelarios en los próximos dos años para resolver el problema del hacinamiento, mientras sigue buscando soluciones para resolver el retraso procesal que hace que un 60 % de los encarcelados, según ella misma, sean personas a la espera de juicio.
“El problema penitenciario nuestro es lo suficientemente grave para que esto deje de ser un asunto de buenas intenciones”, opinó, por su parte, el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, al considerar un “buen enunciado” los planes del ministerio, pero estimó que ninguno se ha ejecutado.