Fuerza y responsabilidad
El escenario está servido para abrir la discusión sobre la actuación de los funcionarios militares, ya que, incluso desde figuras vinculadas al oficialismo, han surgido señalamientos y condenas al accionar de las fuerzas públicas en las pasadas semanas
Uno de los asuntos más delicados y sensibles que se ha puesto en la palestra pública en las últimas semanas es la actuación de los organismos del orden público frente a los ciudadanos que salen a expresar su modo de pensar.
Las versiones sobre lo que sucede son variadas e incluso, radicalmente opuestas.
Quizá el más contundente episodio sobre este tema en los últimos días, tuvo que ver con el hecho de que el ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Antonio Benavides Torres, rechazara el pasado lunes el uso de armas de fuego en el restablecimiento del orden público, ya que está prohibido su uso por la norma venezolana.
La afirmación la hizo escribiéndola a través de su cuenta de la red social Twitter. Como ya es conocido de la opinión pública, el funcionario fue removido de su cargo pocas horas después y se anunció un nuevo destino para él dentro de la estructura gubernamental.
Antes de ser separado de sus funciones, había asegurado que la unidad que dirige tiene estrictas instrucciones de mantenerse apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para preservar el control del orden público.
Estos comentarios fueron realizados tras el fallecimiento de un adolescente la tarde de ese mismo día, presuntamente por el uso de arma de fuego por parte de las Fuerzas Armadas, hecho en el que cinco personas habrían resultado heridas.
Benavides Torres informó la detención de los efectivos que presuntamente están involucrados en la irregularidad, a la vez que hizo un llamado para detener la violencia en las manifestaciones públicas.
Sin embargo, el viceministro de Comunicación internacional William Castillo, negó el pasado martes 20 a la televisora basada en Estados Unidos, TV Venezuela, todas estas acusaciones. «La GNB no está utilizando armas para atacar a las manifestaciones», dijo desde México, con motivo de la reunión de la Organización de Estados Americanos.
Esto reedita la polémica posición de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha hecho un reiterado recuento de los presuntos excesos de las autoridades en las recientes demostraciones de los últimos meses.
Según el sitio web de BBC Mundo, la titular del Ministerio Público declaró, sobre el fallecimiento del joven Juan Pernalete, que «de acuerdo con nuestra investigación la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como éste; esto es una bomba lacrimógena», en encuentro con los medios de comunicación sostenido el pasado miércoles 24 de mayo.
La funcionaria agregó que el objeto había sido disparado por la Guardia Nacional Bolivariana, pero que aún no se había individualizado al responsable.
Y a ello se agregan aquellas declaraciones del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López -que citáramos no hace mucho en este espacio-, quien dijera en un acto transmitido por la televisora estatal Venezolana de Televisión:
«No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle».
El escenario pues, está servido para abrir la discusión la respecto, ya que, incluso desde figuras vinculadas al oficialismo, han surgido señalamientos y condenas al accionar de las fuerzas públicas en las pasadas semanas.
Estamos en pleno siglo XXI y, ciertamente, existen estrictas normativas de carácter internacional que son de obligatorio cumplimiento por las fuerzas del orden público destinadas a cuidar las demostraciones ciudadanas.
Pero más allá de ello, hay estricta normativa emanada en nuestra propia tierra, específicamente en la Constitución Nacional, que también pone límites inequívocos a las potestades de estos organismos.
La espesa sombra de las actuaciones inadecuadas y excesivas lo que hace es agregar más calor a esta olla de presión que hoy es Venezuela, y generar un rechazo aún mayor a una serie de políticas equivocadas que conducen al país por un rumbo torcido; agregándose ahora el ingrediente de poner en riesgo la integridad de las personas que tiene derecho a expresar su desacuerdo con los numerosos desatinos oficialistas en la conducción del país.
Bien harían quienes hoy conducen al país, en investigar seriamente los mencionados excesos y en castigarlos con todo el peso de la ley. El hecho de que funcionarios se pronuncien de modo individual frente a lo que ya la opinión pública conoce, lo que hace es reiterar la terquedad gubernamental en cuanto a no querer ver el espeso bosque que tiene frente a sí.
Los reconocimientos a cuentagotas de la delicada situación no son lo más deseable; pero también suman, ya que no se puede seguir tapando el sol con un dedo. La desnudez del emperador también es evidente en este sentido.
