El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aclaró este sábado que la medida de casa por cárcel dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para Leopoldo López, fue solicitada por la esposa del dirigente político, Lilian Tintori.
Durante una rueda de prensa, el funcionario mostró el documento original de la misiva, en la que Tintori pidió que » atienda mi llamado como Defensor del Pueblo, para que interceda para que mi esposo Leopoldo López para que regrese a casa».
Además, Saab aseguró este sábado que el dirigente opositor «estaba teniendo todas las garantías para la protección de sus derechos» durante su permanencia en la cárcel militar de Ramo Verde.
El funcionario aseguró que el dirigente del partido Voluntad Popular fue visitado hace una semana por una abogada de la Defensoría del Pueblo, quienes conversaron por 3 horas y verificaron que Leopoldo López se mantenía con una sanción «por razones de reglamento interno de Ramo Verde».
Tarek William Saab fue enfático al asegurar que la trabajadora de la Defensoría constató que Leopoldo López no fue objeto de tortura ni malos tratos.
«La abogada que lo visitó constató que tenía un estado de salud estable», declaró el Defensor del Pueblo.
Seguimiento electrónico
Por otra parte, Tarek William Saab confirmó que le fue colocado un brazalete electrónico a Leopoldo López, para rastrear su ubicación mientras permanece en su hogar.
«Puedo confirmar que Leopoldo López tiene un brazalete electrónico», confirmó.
Acción del TSJ
Tras el dictamen de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de casa por cárcel para López, publicado este 7 de julio, Saab indicó que la «medida estaba siendo trabajada desde hace tiempo. Era público y sus familiares tenían conocimiento de ello».
«La semana pasada, el sábado específicamente, luego de una mediación hecha por la Defensoría del Pueblo, sus dos hijos pudieron visitarlo a pesar que estaba sujeto a una medida de sanción por razones de reglamento interno de la cárcel militar de Ramo Verde», relató.
Además, el exgobernador del estado Anzoátegui afirmó que «la decisión del Tribunal Supremo de Justicia está ajustada a derecho», ya que la Defensoría del Pueblo y la Comisión por la Verdad realizaron gestiones para que se produjera la medida.
