Los presos más emblemáticos de la oposición venezolana, Leopoldo López y Antonio Ledezma, fueron devueltos a prisión luego de que la justicia les revocara el arresto domiciliario porque supuestamente planeaban fugarse y por sus llamados contra la Constituyente del presidente Nicolás Maduro.
López, de 46 años, y Ledezma, alcalde de Caracas de 62 años, fueron detenidos por agentes del servicio de inteligencia (Sebin) en la madrugada de este martes, denunciaron sus familiares, responsabilizando a Maduro de la vida de ambos.
«Se recibió por fuentes de inteligencia oficial informaciones que daban cuenta de un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual y con la urgencia del caso se activaron los procedimientos de resguardo», anunció el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, y Omar Estacio, defensor de Ledezma, negaron tajantemente que estos buscaran escaparse. El jefe del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, calificó el argumento del TSJ como «una ridiculez».
López y Ledezma fueron recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, confirmaron sus parientes y abogados.
El alcalde fue sacado violentamente de su casa en pijama, según imágenes difundidas en redes sociales. Su esposa, Mitzy Capriles, tildó la acción de «secuestro» y pidió desde España que un «equipo forense» lo examine. «Tenemos una profunda angustia», manifestó.
La esposa de López, Lilian Tintori se encuentra en Estados Unidos y según Mitzy Capriles estaría embarazada de su tercer hijo.
En los últimos días, ambos líderes habían publicado videos en los que instaban a no votar en la elección, el domingo, de la Asamblea Constituyente.
El TSJ precisó que López tenía prohibido hacer «proselitismo político» porque su sentencia está en firme, mientras Ledezma tenía la «obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio».
«Paso en dirección errónea
En la primera reacción del gobierno, el promotor de la Constituyente, Elías Jaua, opinó que las declaraciones de ambos dirigentes llamaban al «desconocimiento de las instituciones y resultados» de la votación.
Los comicios, en los que la oposición rechazó participar por considerarlos fraudulentos, transcurrieron en medio de manifestaciones que dejaron 10 muertos, con lo que aumentó a unos 125 los fallecidos desde que inició una ola de protestas hace cuatro meses.
López había sido excarcelado y puesto en arresto domiciliario el pasado 8 de julio, tras cumplir en Ramo Verde tres años y cinco meses de la pena de casi 14 años a la que fue condenado por «incitar a la violencia» en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.
Como intercesor actuó el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien promueve un diálogo para resolver la grave crisis política venezolana.
Acusado de una supuesta conspiración contra el mandatario, Ledezma fue capturado el 19 de febrero de 2015 y dos meses después recibió casa por cárcel por motivos de salud.
Estados Unidos dijo estar «profundamente preocupado» por los encarcelamientos, mientras la Unión Europea los condenó como un «paso en la dirección errónea» y Brasil exigió su «liberación inmediata».
«El gobierno está demostrando que está herido, que no tiene la razón sino la fuerza bruta para tratar de meterle miedo a la sociedad», declaró Borges.
«Terminarán en la celda»
La revocatoria de la prisión domiciliaria elevó la tensión a horas de que se instale entre miércoles y jueves la Constituyente en el Palacio Legislativo, donde sesiona el Parlamento.
La oposición convocó a una marcha el miércoles en Caracas para denunciar la «ilegitimidad» de la Constituyente, criterio respaldado por una decena de países, entre ellos Estados Unidos, que el lunes sancionó a Maduro, calificándolo de «dictador».
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que la Constituyente fue propuesta por Maduro para perpetuarse en el poder, instaurar un modelo comunista y neutralizar a sus adversarios.
«Algunos terminarán en una celda», advirtió el presidente, quien propuso a la Constituyente levantar la inmunidad a parlamentarios opositores para someterlos a la justicia, y «tomar el control» de la Fiscalía.
Líderes del oficialismo, como el poderoso Diosdado Cabello -quien podría ser presidente de la Constituyente-, han anunciado la posible disolución del Legislativo.
Al anunciar que no reconoce la Constituyente y asegurar que el gobierno tiene «ambición dictatorial», la fiscal general, Luisa Ortega, quien se rebeló contra Maduro, dijo estar segura de que ahora irán por su «cabeza».
«Está cantada la radicalización política y económica posconstituyente», dijo el analista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
Maduro convocó a la Constituyente sin referendo previo, a diferencia de la anterior Asamblea promovida por Hugo Chávez en 1999 que fue sometida a consulta antes y después de redactar la Constitución.
Ante las fuertes críticas, Maduro propuso un referendo para aprobar la nueva Constitución. No se sabe, no obstante, cuándo será.
AFP
