El opositor Antonio Ledezma fue devuelto este viernes a prisión domiciliaria a pocas horas de que el presidente Nicolás Maduro instale su Asamblea Constituyente, rechazada por la comunidad internacional, incluido el Vaticano, que pidió suspenderla.
La esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, confirmó en Twitter que «sorpresivamente» volvió a casa, tras haber sido llevado el martes a la cárcel militar de Ramo Verde.
La hija del dirigente, Oriette Ledezma, aseguró que nunca le explicaron por qué lo llevaron a prisión. «Está bien, no lo maltrataron», dijo a periodistas.
Ledezma, alcalde de Caracas de 62 años, y el líder opositor Leopoldo López (46), fueron llevados a la cárcel de Ramo Verde (periferia de Caracas), luego de que la justicia les revocara la prisión domiciliaria, acusándolos de planear fugarse y tras hacer llamados contra la Constituyente.
Su encarcelamiento provocó la condena mundial que vino a sumarse al rechazo por el proyecto de Maduro. El Vaticano pidió este viernes que «se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente», en su primera reacción tras la elección el domingo de los 545 asambleístas.
La instalación de la Constituyente tendrá lugar a las 15H00 GMT bajo acusaciones de fraude en los comicios y en alta tensión por protestas de calle a favor y en contra.
El acto se realizará en un salón del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo debate el Parlamento de mayoría opositora.
Maduro afirma que su proyecto traerá paz a un país convulsionado por protestas opositoras que dejan unos 125 muertos en cuatro meses, y lo sacará de la crisis económica, caracterizada por una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una brutal inflación.
La oposición considera la Constituyente un «fraude» con el que Maduro busca evadir elecciones, perpetuarse en el poder e instaurar un régimen comunista.
«¡Fraude!»
Aunque la oposición había cantado «fraude», fue Smartmatic, empresa que dio soporte tecnológico a los comicios, la que desató un escándalo al denunciar, dos días antes de la instalación, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «manipuló» la cifra de votantes.
Según el CNE, sufragaron ocho millones de electores, un millón más de lo que calcula Smartmatic, en unos comicios donde la asistencia era clave, pues la oposición asegura haber logrado 7,6 millones de votos contra la Constituyente en un plebiscito simbólico el 16 de julio.
La denuncia golpeó aún más la legitimidad de la Constituyente, cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin consultar a los venezolanos en referendo y porque su sistema comicial, según los opositores, le garantizaba el control al gobierno.
Maduro denuncia una campaña «del enemigo internacional». Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos no reconocen la Constituyente por considerarla una amenaza a la democracia.
El lunes, un día después de la elección, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras y jurídicas a Maduro, a quien llama «dictador». La semana pasada hizo lo propio con 13 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del CNE.
«Son gobiernos neoliberales de derecha que amenazan a Venezuela, serviles al imperialismo», dijo la víspera Maduro.
La crisis venezolana será tratada por los cancilleres del Mercosur en Brasil el sábado y por ministros del continente en Perú la semana próxima.
«Un salvavidas»
Un 80% de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y 72% su Constituyente, según la encuestadora Datanálisis. Pero el presidente contó con el apoyo de los poderes judicial, electoral y militar para llevar a puerto su proyecto.
Pesos pesados del oficialismo capitanean el barco, entre ellos el poderoso dirigente Diosdado Cabello, la primera dama Cilia Flores y la beligerante excanciller Delcy Rodríguez, de entre quienes podría salir el presidente de la Constituyente.
«Más que cambiar la Constitución, el objetivo es gobernar sin límites. Es el mecanismo de autocratización del gobierno, que trata que la Constituyente sea su salvavidas», declaró a AFP el analista Benigno Alarcón.
El proyecto avivó las protestas y fracturó al chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, lo considera un «cheque en blanco» para satisfacer una «ambición dictatorial».
La víspera, Ortega, quien abrió una investigación sobre el supuesto fraude en la elección, pidió a la justicia anular la toma de funciones de los asambleístas, que previsiblemente será desestimado como todos los recursos que presentó contra la Constituyente.
Maduro ha advertido que lo primero que hará la Constituyente, encargada de sustituir con un nuevo texto la Carta Magna de 1999 impulsada por Hugo Chávez -fallecido en 2013-, será ocuparse de la fiscal y los parlamentarios y dirigentes opositores.
«Viene un aumento de la conflictividad frente a un proyecto impuesto a la fuerza», aseguró a la AFP la analista Colette Capriles.
Aunque Maduro prometió que la nueva Carta Magna será sometida a referendo, la Constituyente tomará decisiones de aplicación inmediata. Más incertidumbre se cierne sobre Venezuela.
afp
