La ONU denunció el martes el «uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva», así como «torturas», durante las protestas en Venezuela y acusó a las fuerzas de seguridad y a las milicias progubernamentales (los llamados «colectivos») de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes, divulgó una nota de la agencia France Press (AFP).
«Las entrevistas realizadas a distancia sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes», declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en un comunicado.
«Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas», añade el texto.
Como las autoridades de Venezuela rechazaron el acceso al país de los investigadores de la ONU, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que realizara unas 135 entrevistas a distancia a víctimas y familiares, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y a un funcionario de la oficina de la Fiscal General.
«Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo de derechos humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos», precisa el comunicado, añadiendo que desconoce quién perpetró el resto de las muertes.
Según indicios verosímiles, «las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura», alerta el Alto Comisionado, que denuncia el uso de «choques eléctricos, prácticas de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares».
Respecto al número de personas detenidas, ninguna cifra oficial ha sido publicada, pero «los cálculos más fidedignos indican que desde el 1º de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria», prosigue el texto. Más de 1.000 personas seguirían todavía detenidas.
«Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la oficina de la Fiscal General», agregó Zeid. «La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno», sentenció.
El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas «a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente».
