La Organización de Estados Americanos (OEA) celebró este jueves la primera de una serie de audiencias para determinar si existen bases que permitan denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
«Lo que se discutirá acá, básicamente, es si las denuncias sobre crímenes en la República Bolivariana de Venezuela pueden constituir crímenes de lesa humanidad que deban ser investigados por la CPI», dijo el jurista argentino Luis Moreno Ocampo al abrir los trabajos.
Moreno Ocampo, ex fiscal de la CPI, conduce esta audiencia en su carácter de asesor Especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Crímenes de Lesa Humanidad.
El jurista recordó al abrir la audiencia que el elemento de «jurisdicción territorial está satisfecho», ya que Venezuela es miembro del Tratado de Roma (base de la CPI) desde diciembre de 2002.
La OEA informó que la delegación de Venezuela fue invitada a participar de la audiencia, aunque la representación del país no estuvo presente en la sesión del jueves.
Venezuela no participa
Esta semana, la delegación venezolana se quejó ante el Consejo Permanente que los países miembros de la OEA no aprobaron un mandato para la realización de las audiencias.
En total se realizarán por lo menos tres audiencias públicas para reunir información que un grupo de expertos analizará antes de emitir una conclusión a fines de octubre.
En la primera sesión, este jueves, participaron representantes de la sociedad civil, como el grupo no gubernamental Foro Penal Venezolano, y Johanna Aguirre, viuda del activista José Alejandro Márquez.
Para el viernes está prevista la participación de tres militares venezolanos en retiro: el general Hebert García Plaza, el teniente coronel José Arocha y el capitán Igor Buitrago.
Las próximas sesiones aún no han sido agendadas, y tampoco se divulgaron aún los nombres de los tres expertos que analizarán toda la información reunida.
Julio Henríquez, de Foro Penal, denunció en la audiencia la existencia en Venezuela de «una política de Estado que perfeccionó el delito de persecución», y mencionó casos de privación arbitraria de libertad, asesinatos, torturas y violencia sexual.
En busca de “bases razonables”
Durante toda la audiencia, Moreno Ocampo interrumpió los testimonios con frecuencia para pedir aclaraciones, precisiones o detalles.
El miércoles, el jurista había asegurado a la AFP que el mecanismo adoptado, con audiencias públicas, no constituye «un juicio» contra Venezuela, ya que «se trata de saber si hay bases razonables para abrir una investigación».
Un caso sólo puede ser enviado a la CPI si se determina que ocurrieron crímenes de forma masiva o sistemática, cometidos por una organización como parte de un plan general, y que no existen esfuerzos locales genuinos para investigar lo ocurrido.
Sin embargo, esta iniciativa ha estado rodeada de controversia desde el mismo día de su presentación.
Venezuela exigió que la OEA se deslinde de ella e incluso que las audiencias se realicen en otra sede.
La representante adjunta de Venezuela ante la OEA, Marlene da Silva, afirmó ante el Consejo Permanente que las audiencias constituían «una práctica ilegal que puede ser aplicada contra otros estados».
Esta situación había motivado la semana pasada una reunión entre Almagro y Moreno Ocampo con embajadores ante la entidad en que se «cuestionó el tema» del mandato y el papel de la OEA.
En esta reunión «el secretario general explicó que él cree que ésta es su atribución», relató Moreno Ocampo a la AFP.
Aldo Gamboa / AFP
