Venezuela pagará a tiempo los más de 3.500 millones de dólares de deuda que le corresponde abonar entre octubre y noviembre de este año, pero lo hará a costa de las importaciones de productos básicos acentuando el desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes que ya vive el país caribeño.
Así lo advirtió en una entrevista a Efe el presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, el economista y académico José Guerra, que recuerda que parte de los vencimientos que vienen son en concepto de capital, para los que no hay período de gracia y que el Estado debe pagar a tiempo para no entrar en suspensión de pagos.
“El Gobierno va a seguir con la política que tuvo en 2016 de pagar la deuda sacrificando las importaciones y eso es la escasez, eso es la carestía, las carencias que vemos en los productos fundamentales, medicinas y alimentos”, dijo el diputado opositor desde su escaño en la Cámara, el único poder en manos de la oposición.
El Estado venezolano -que tiene desde 2002 el monopolio legal de la venta de divisas- lleva desde finales de agosto sin adjudicar dólares a las empresas privadas que importan productos, debido, según el legislador, a que “todo lo que entra lo están apartando” para pagar la deuda.
La interrupción de las subastas de divisas -a una tasa fijada por el Banco Central de 3.345 bolívares el dólar- se debe, según el Gobierno, a las sanciones financieras impuestas en agosto por los Estados Unidos al Gobierno de Caracas por su supuesta deriva totalitaria.
Dificultades administrativas provocadas por estas sanciones podrían ser la causa de que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se retrasara este mes en el pago de unos bonos, que al ser en concepto de intereses tienen un período de gracia de 30 días.
Las sanciones de la Administración Trump -que entre otras cosas prohíben “las negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”- podrían entorpecer aún más el ya complicado acceso del país suramericano a nuevas líneas de financiación internacional.
El Gobierno venezolano no ha podido endeudarse directamente en lo que va de año al no contar con el aval del Parlamento, que a través de distintos órganos alineados con el oficialismo lo ha despojado de sus funciones legislativas y de control desde que tomara posesión la mayoría absoluta opositora surgida de los comicios de diciembre de 2015.
“El artículo 312 de la Constitución establece que para que haya endeudamiento tiene que ser aprobado por una ley del Parlamento”, afirma Guerra, que vaticina que “no va a haber financiamiento de dinero fresco del mercado financiero” si el Gobierno sigue sin presentar la Ley de Presupuesto y Endeudamiento ante la Cámara.
El diputado, que tiene a sus espaldas una larga trayectoria en el Banco Central de Venezuela, explica que “los bancos internacionales y los fondos de inversión no están dispuestos a comprar una deuda” que no cumpla todas las exigencias legales.
En este sentido, el Parlamento ha llevado a cabo una intensa labor internacional para dejar clara esta circunstancia a los posibles compradores de deuda venezolana y evitar así un endeudamiento cuya finalidad y condiciones no aprueba la oposición.
Una solución para sortear este control parlamentario exigido por la ley podría haber sido la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el chavismo, que en una de sus primeras decisiones se arrogó las atribuciones legislativas del Parlamento.
No obstante, buena parte de la comunidad internacional no reconoce la legitimidad de este suprapoder.
En esta situación, a Venezuela le quedan los préstamos de Rusia y China a PDVSA y otros mecanismos no sujetos a la aprobación del Parlamento, pero Guerra duda del músculo económico de Moscú para satisfacer las necesidades de Caracas, y no ve al gigante asiático dispuesto a continuar aportándole capital.
El economista alerta de que el año que viene el país debe afrontar pagos externos que corresponden a “casi la mitad del ingreso petrolero” de Venezuela, mucho mayores que los de este final de 2017, y el Estado deberá seguir sacrificando importaciones y “vender el oro” de unas reservas que ya llevan mucho tiempo cayendo.
EFE
