Encava también cerró. Debido a la imposibilidad de colocar las últimas unidades ensambladas por su alto precio, la productora de autobuses Encava (Ensamblaje de Carrocerías Valencia, C.A.) bajó temporalmente la santamaría y envió a sus trabajadores de vacaciones forzadas pero sin pago de salario.
“La empresa solicitó al Ministerio del Trabajo la suspensión de la relación laboral y envió a sus trabajadores a casa por 60 días. Eso quiere decir que sería en enero cuando regresaremos a trabajar, aunque no es seguro”, señaló Arturo Franco, secretario general encargado del sindicato de trabajadores de la factoría carabobeña.
Franco informó que el cierre fue unilateral y que los trabajadores nunca fueron consultados ni informados de la medida, de la cual se enteraron cuando acudieron a la Inspectoría del Trabajo de Valencia para reclamar que desde la semana pasada la empresa impedía la entrada de los empleados.
Dijo además que el recurso fue admitido por las autoridades, pero que aún no se ha decidido nada al respecto. Este miércoles la Inspectoría realizó una fiscalización en las instalaciones para comprobar la realidad de la compañía.
Cero ventas
Los alegatos de la empresa rondan en torno a la imposibilidad de mantener la nómina debido a que no se han vendido las unidades ensambladas dado su alto precio, que se ubica en la actualidad en 40.000 dólares, más 120 millones de bolívares, según informaron los trabajadores.
También señala que el gobierno les adeuda más de 15 millones de dólares en divisas adjudicadas y no liquidadas, así como por unidades no canceladas.
“Ellos dijeron que no podían mantener la nómina con los escasos recursos que reciben por las labores de reparación de unidades chocadas, que es lo que se ha estado haciendo para obtener ingresos”, dijo el vocero, admitiendo que en efecto hay unidades armadas que no han podido ser colocadas.
Destacó igualmente que la empresa cuenta con material para reanudar el ensamblaje, pero alega que no puede venderlas al precio que exige el Ejecutivo. “El gobierno quiere comprar a precios de hace seis meses, pero la compañía dice que no podría reponer inventario para mantener la operación”, comentó.
Franco, quien debió asumir la secretaría general del sindicato ante la renuncia de cuatro de los cinco miembros de la directiva, destacó que lo más grave es que la empresa se niega a pagar el sueldo mínimo mientras dure el cese obligado de actividades. “Lo único que ha admitido es cancelar los cesta ticket pero nada del sueldo semanal”.
En el limbo también está el pago de utilidades, cuya cancelación debería hacerse en el lapso de cesantía.
