“Hacia una Venezuela Industrializada: La Ruta”, es el documento de políticas públicas que anunciará hoy miércoles 22 de noviembre la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), y que contempla el planteamiento de la institución frente a los problemas y desafíos que enfrenta el país en el corto, mediano y largo plazo; con una apuesta al inicio de un proceso de reindustrialización de Venezuela como condición fundamental para su rescate y logro de un progreso sostenido que dé garantía de abastecimiento y tranquilidad para la sociedad venezolana.
La reindustrialización de Venezuela solo es posible bajo un marco legal e institucional que estimule la producción y la competitividad, depurado de trámites ineficientes, comprometido con la propiedad intelectual e industrial, claramente orientado a la innovación y la apertura comercial, verdaderamente capaz de llevar bienestar a trabajadores, clientes, proveedores y comunidad.
Expertos en diferentes áreas del conocimiento, asesores, miembros y personal del organismo cúpula industrial participaron en este proyecto impulsado por la actual directiva de Conindustria que preside Juan Pablo Olalquiaga, y que se desarrolló en 14 capítulos, cuyo producto final se dará a conocer públicamente hoy en el Eurobuilding Hotel & Suites.
Como punto de partida para este trabajo se plantea que “Venezuela necesita orientar la acción hacia el objetivo estratégico de transformar y desarrollar capacidades en los sectores industrial, comercial, de tecnología y turismo como eje de una nueva institucionalidad para su plena incorporación en los mercados internacionales y el mejoramiento del nivel de vida de los venezolanos”. Entre los aspectos fundamentales, la propuesta de Conindustria desarrolla la idea de disminuir el tamaño del Estado para lo cual se requiere reestructurar los ministerios.
Entre otras áreas de interés planteadas en este plan, está atender con urgencia la infraestructura del país, que aun cuando constituye un reto costoso, debe ser impostergable. “Venezuela tendría que invertir alrededor de 2,46% de su PIB para afrontar las necesidades de infraestructura entre los años 2018 y 2023, asumiendo un crecimiento económico anual promedio de 4,82% durante ese período”, aseguran los desarrolladores del tema.
En materia laboral el proyecto plantea un cambio de paradigmas, lo que se presenta como una propuesta para modernizar la relación empresa-trabajadores. La necesaria modificación de las leyes del INCES y del Trabajo por mostrarse obsoletas, anacrónicas y con un contenido marcadamente político. Se plantea entonces, el concepto de trabajo decente que reconozca el derecho fundamental del ser humano a contar con un trabajo de calidad y justamente remunerado.
“Es importante recuperar entonces a la institución como articuladora de la oferta y la demanda de formación y tecnología, logrando que los empresarios tengan el estímulo de planificar sus programas de formación y de tecnología, cuyo costo debe ser descontado hasta en un 75% de sus contribuciones regulares. El INCES con su estructura tripartita se puede convertir en un ente que promueva, estimule y arbitre los recursos que se reciben de empresarios, trabajadores y Estado para desarrollar así un plan nacional de formación para el trabajo”, destaca este capítulo.
Una vez superados los mitos ideológicos, el país debe reasumir la internacionalización y la integración comercial como vías fundamentales hacia el desarrollo y para el bienestar de todos los venezolanos.
