Un total de 214 «presos políticos» todavía están, según la ONG Foro Penal, privados de su libertad en Venezuela al iniciar 2018, un año que para la comunidad eclesiástica empieza con una «emergencia social» que el Gobierno tiene la responsabilidad de solucionar.
Esta organización reveló este número y su envío al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para su certificación, informó hoy uno de los directores de la ONG, Gustavo Himiob, en su cuenta de Twitter.
«Abre el 2018 en #Venezuela con 214 #PresosPolíticos. Ya fue remitida la lista a la OEA y a @Almagro_OEA2015 para su certificación», fue el mensaje publicado por Himiob en esta conocida red social.
Almagro certificó poco después la lista de «presos políticos» que, como cada semana, Foro Penal elabora y envía al organismo continental.
Esta cifra se redujo tras la liberación en vísperas de Nochebuena de más de 40 personas presas en relación con las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, excarcelados a la espera todavía de conocer cuáles son los beneficios que recibirán, ya que los tribunales estarán cerrados hasta el 8 de enero.
La liberación de los calificados por la oposición como «presos políticos» es una de las demandas de los antichavistas en las negociaciones que mantienen con el Gobierno en República Dominicana y que tratan de encontrar una salida a la situación de crisis que vive Venezuela desde hace meses.
Los expertos proderechos humanos que acompañan a la oposición en Santo Domingo elevan a más de 300 los «presos políticos» en Venezuela.
Sobre estos diálogos también se manifestó el cardenal Jorge Urosa Sabino, quien conminó al Gobierno encabezado por Nicolás Maduro a solucionar la «emergencia social» en la que dice que se encuentra el país caribeño.
Urosa Sabino defendió que de esta «emergencia social» forman parte el hambre y la escasez de alimentos y demás productos y que es «responsabilidad» del Ejecutivo resolverla.
«Es importantísimo que el Gobierno actúe, eso es su responsabilidad», defendió.
El clérigo pidió también el llamamiento a elecciones presidenciales, previstas para este año pero todavía sin fecha, y que los comicios sean un «proceso limpio y transparente que todo el mundo acepte».
«De manera que con condiciones equitativas, que no haya un proceso viciado como hemos tenido algunos recientemente (…). Que no haya dudas sobre la legitimidad de los resultados», añadió.
En las negociaciones en la República Dominicana otra de las peticiones por parte de la oposición es que haya cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), del que desconfían.
Además de la liberación de todos los «presos políticos» y cambios en el CNE, los antichavistas exigen la apertura de un canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas y la restitución de todos los poderes del Parlamento, de mayoría opositora desde los comicios de diciembre de 2015.
Por parte del oficialismo piden, entre otras solicitudes, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano plenipotenciario compuesto solo por chavistas.
Está previsto que las negociaciones, que cuentan con la presencia de, entre otros, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente dominicano Danilo Medina, continúen el próximo 11 y 12 de enero en la isla caribeña.
Para estos encuentros las dos partes se han mostrado optimistas de cara a conseguir acuerdos.
EFE