El lunes 22 anunciaron huelga de hambre por comida y medicinas y la madrugada de este martes, según Provea, la ministra Iris Valera calmó a algunos de los «rebelados» con traslados a otros penales
A través de dos audiovisuales que pusieron a rodar en las redes sociales, alrededor de 2.000 presos de la cárcel de El Rodeo II, en Guatire, comunicaron el inicio desde el lunes 22 de enero de una huelga de hambre con el fin de exigirle a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, su presencia por no tener que comer, por la agilización de trámites en los tribunales y por los escasos insumos que les dan cuando se enferman.
Sin embargo, la medida que tomó la ministra Valera de acuerdo a la ONG Provea, según información extraída de familiares, fue trasladar a algunos internos a otros recintos penitenciarios.
Es de recordar que un vocero, quien no dio la cara, enfatizó a través de un video que se hizo viral que su protesta es “pacífica”, pero sí aclaró que es necesario divulgarla porque “necesitamos que el país conozca lo que está sucediendo en esta cárcel”. El hombre denunció el hacinamiento y lo ignorados que se encuentran por Ministerio del Servicio Penitenciario tras los atrasos en los traslados, boletas de excarcelación y el otorgamiento de beneficios para disminuir sus tiempos tras las rejas.
Con una pancarta improvisada que dice “huelga pacífica”, los presos de El Rodeo indicaron que uno de sus problemas es la escasa comida que actualmente les dan, “que no llega ni a una arepa”. A eso suman su queja con el “decomiso” de alimentos que, según dicen, hacen los funcionarios de guardia a sus familiares.
Otra de las quejas de los reclusos de esta cárcel es la salud. Informan que no tienen buena atención médica y tampoco insumos para solventar cualquier enfermedad, como había informado el Observatorio Venezolano de Prisiones en su último informe, revelado en marzo de 2017. La solución que les han dado hasta ahora para solventar la solución y que no se mueran de “mengua” es darles récipes para que sus familiares les compren los fármacos, pero indican que la mayor parte de ellos son de “escasos recursos” y no tienen dinero.
El vocero dice que los huelguistas están conscientes de la crisis económica que vive el país, pero como todos sus beneficios se han venido a menos, reclaman la partida presupuestaria que da el Estado al Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Para finalizar, acusan al Plan Cayapa, que se inició el 18 de septiembre de 2017 en todos los centros penitenciarios del país, como un “engaño” y meras “mesas técnicas que no resuelven nuestros problemas”, debido a que la medida, que tenía como objetivo brindar atención jurídica e integral a los privados y privadas de libertad, a fin de agilizar los procesos judiciales y garantizarles sus derechos como ciudadanos, se ha convertido en solo promesas.
