El expresidente Lula da Silva deberá permanecer preso, cumpliendo su pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción, tras un embrollo judicial con una serie de órdenes y contraórdenes para su liberación que sumieron a Brasil este domingo en una verdadera confusión.
Las idas y venidas que acabó zanjando el presidente de una corte de apelaciones empezaron en la mañana cuando un juez de guardia de ese tribunal sorprendió a todo el mundo al ordenar la liberación del líder de la izquierda y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, tres meses después de su detención en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur).
El magistrado Rogério Favreto -del tribunal TRF4 de Porto Alegre (sur) que en enero ratificó y amplió la condena en primera instancia del juez Sergio Moro- dispuso su excarcelación tras aceptar un pedido de habeas corpus presentado el viernes por el Partido de los Trabajadores (PT).
Ese recurso ya había sido desestimado por el propio Supremo Tribunal Federal (STF), con lo que la noticia estalló como una bomba.
Y mientras la prensa brasileña recordaba que el magistrado estuvo afiliado al PT de 1991 a 2010, poco después sin que los seguidores del exmandatario tuvieran casi tiempo de gritar «¡Lula Libre!», el juez relator de la causa Lava Jato en ese tribunal, João Pedro Gebran Neto, ordenó cancelar la medida de liberar al expresidente.
Gebran Neto aseguró que el juez de guardia debía respetar la decisión colegiada del tribunal, después de que Sergio Moro, oficialmente de vacaciones, emitiera una nota donde aseguraba que Favreto no tenía competencia para ordenar esa liberación y pedía oficialmente al presidente del tribunal que revocara la orden.
Pero, para seguir rizando el rizo, el juez Favreto volvió a la carga y poco después de las 16H00 locales emitió una nueva orden en donde pedía la liberación de Lula en el plazo de una hora.
En medio de esa guerra de jueces, la presidenta del STF, Carmen Lúcia, emitió un comunicado en el que remarcó que la justicia es «impersonal».
«Los órganos judiciales competentes en cada región deben actuar para garantizar que la respuesta judicial sea ofrecida con rapidez y sin quebrar la jerarquía, con rigor absoluto al cumplimiento de las normas vigentes», manifestó en una breve nota.
Finalmente, el presidente del TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores acabó por zanjar la polémica, al determinar el retorno de los autos del caso al gabinete del juez Gebran Neto, «así como la manutención de la decisión proferida por él» de que Lula siga en la cárcel.
En medio de la confusión, las bromas no se hicieron esperar.
«Después de ser suelto, preso, suelto y preso de nuevo en tres horas, la Policía Federal instala una puerta giratoria en la celda de Lula», ironizaba el portal humorístico Sensacionalista.
«¡Lula libre ya!»
«¡Lula Libre ya!», se leía a lo largo del día en la cuenta en Twitter del exmandatario.
Más de un millar de personas se concentraron a las puertas de la Policía Federal en Curitiba donde Lula está preso, exigiendo su salida.
También hubo una manifestación en su bastión en el cinturón obrero de Sao Paulo.
«¿Más golpe? (…) Contra la decisión de un juez se recurre, no hay orientación de presidente que puedan valer! ¿Qué vergüenza es esta?», decía indignada ahí la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
El partido ya ha dicho que recurrirá la medida y emplazó a los brasileños a una «gran manifestación» próximamente para combatir esa «afronta» al estado de derecho.
Lula fue condenado por ser el beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por la constructora OAS, a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras.
El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena parte de un complot de las élites para evitar que pueda volver al poder.
Aunque fuera liberado, la candidatura de Lula debería ser invalidada por el tribunal electoral al estar condenado en segunda instancia, según la ley brasileña.
Figura icónica de la lucha anticorrupción en Brasil, Sergio Moro ha tenido varios reveses en las últimas semanas con la liberación el pasado 26 de junio de José Dirceu, el que fue el hombre fuerte del gobierno de Lula, por orden del Supremo Tribunal Federal (STF) y la absolución reciente por la misma corte de Gleisi Hoffmann, también acusada de corrupción.
Los abogados del expresidente, de 72 años, consideran que Lula debe seguir en libertad hasta que se agoten todos los recursos, pero el STF decidió en abril aplicar una jurisprudencia que estipula que todo condenado en segunda instancia debe ser encarcelado.
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