Al menos 14 muertos dejó un enfrentamiento entre antimotines y paramilitares con manifestantes en el suroeste de Nicaragua, en un agravamiento de la violencia que amenaza un diálogo nacional, un día después de que el presidente Daniel Ortega descartara adelantar elecciones.
Hombres de civil, con capuchas negras y fuertemente armados, entraron con la policía a las seis de la mañana en Jinotepe y Diriamba, en el departamento de Carazo, derribando barricadas que habían levantado opositores, produciéndose un fuerte tiroteo, denunciaron testigos y grupos de derechos humanos.
«Esto ha sido un horror. Tenemos mínimo 14 muertos, pero pueden ser más. Se incluyen al menos un antimotín, un paramilitar y dos policías. La peor parte la llevó la resistencia (oposición)», dijo a la AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
La Policía atribuyó la muerte de sus dos efectivos a «terroristas con armas de fuego» que estaban en las barricadas.
Ante la agudización de la violencia, que deja unos 250 muertes en casi tres meses de protestas contra el gobierno, la Conferencia Episcopal anunció que valora «seriamente la continuación en el diálogo», del que es mediador.
«No podemos seguir sentándonos con los representantes de un gobierno que miente, que no acepta su responsabilidad y continúa atacando y masacrando a la población», dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en la homilía de la misa dominical.
«Un ataque desmedido»
Las incursiones en Diriamba, a 45 km de Managua, y Jinotepe, a 40 km, dejan también decenas de heridos y una veintena de detenidos, y sus hospitales estaban asediados por paramilitares y antimotines, según los grupos locales humanitarios.
Una decena de personas se resguardó en la basílica de San Sebastián de Diriamba, asediada por hombres armados, según testigos y religiosos. Los dos municipios fueron cercados por la policía, en tanto que quedaron incomunicados sin telefonía ni internet.
Palas mecánicas desmontaron las barricadas. Medios oficialistas celebraron que las vías de esa zona están despejadas y circulan ya más de 350 furgones de carga centroamericanos que estaban varados desde hacía más de un mes en el bloqueo de la carretera en Jinotepe.
«La represión de fuerzas combinadas es desproporcionada», declaró el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, aseguró en Managua que la «situación sigue crítica» y su gravedad amerita una «atención muy especial de parte de la comunidad internacional»
Abrao dijo que es urgente que cese «la represión» y principalmente «que se puedan desmantelar estos aparatos represivos progubernamentales que están actuando» impunemente en el país.
En Matagalpa, en el norte de Nicaragua, al menos una persona murió el sábado en otra acción violenta en medio de las protestas, según la ANPDH.
Ortega, quien reapareció el sábado en un multitudinario acto de seguidores, tras más de un mes de no salir en público, tildó a los manifestantes de «asesinos» y «delincuentes» que tienen bajo caos al país.
«La historia los juzgará»
Como mediador entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil-, la Iglesia propuso adelantar las elecciones de 2021 a 2019.
Pero el sábado, en el acto en Managua, Ortega, exguerrillero de 72 años y quien gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo, descartó un adelanto de los comicios.
«Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas», aseguró el mandatario.
Báez advirtió que la Iglesia seguirá apostando por el diálogo, pero responsabilizó al gobierno «si se rompe» por «no haber querido encontrar una salida pacífica a esta crisis nacional que ellos mismos han provocado».
«La historia los juzgará por intransigentes, mentirosos y soberbios», aseguró el prelado.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero ante la fuerte represión policial se ampliaron para exigir la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con su esposa Rosario Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.
Para aumentar la presión contra Ortega, la Alianza Cívica llamó a una marcha el próximo jueves y a un paro nacional el 13 de julio, el segundo convocado en la crisis, luego de uno el 14 de junio con gran acogida de empresarios y trabajadores.
