La petrolera estadounidense ConocoPhillips anunció el lunes que llegó a un acuerdo con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para que ésta le pague unos 2.000 millones de dólares más intereses por expropiaciones de 2007, como dispuso un panel arbitral internacional.
PDVSA reconoció el laudo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés) y acordó realizar pagos iniciales por un total de aproximadamente 500 millones de dólares en un lapso de 90 días a partir de la fecha de la firma del acuerdo, dijo ConocoPhillips en un comunicado.
El saldo se pagará trimestralmente durante un período de cuatro años y medio, añadió.
A cambio, ConocoPhillips se comprometió a suspender sus acciones legales de cumplimiento del fallo de la ICC, incluso en el Caribe holandés, donde hace tres meses había comenzado a confiscar activos de PDVSA.
En un comunicado, PDVSA calificó de «fructífera» la negociación con la compañía estadounidense y aseguró que el acuerdo demuestra su «firme voluntad» de «alcanzar soluciones comerciales con sus acreedores». Aceptó pagar, según el boletín, alrededor de 1.800 millones de dólares
ConocoPhillips aseguró que el acuerdo cumple con todos los requisitos normativos de Estados Unidos, en particular los vinculados a las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Donald Trump a Venezuela.
Venezuela, otrora potencia petrolera, está sumida en una severa recesión económica por el desplome de la producción de crudo y una grave crisis socioeconómica que ha provocado la salida del país de decenas de miles de venezolanos.
PDVSA defiende como «un acto soberano» de Venezuela las expropiaciones de activos de ConocoPhillips bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Pero ConocoPhillips no lo ve así y recurrió a tribunales de arbitraje internacionales.
El 25 de abril de 2018, la ICC, con sede en París, dictaminó que PDVSA debía pagarle a ConocoPhillips unos 2.000 millones de dólares por violar los términos contractuales de los proyectos de crudo pesado de la petrolera estadounidense en los campos de Hamaca y Petrozuata en Venezuela.
La decisión de la ICC es definitiva y vinculante para las partes.
A principios de mayo, ConocoPhillips confirmó que había comenzado a tomarse activos de PDVSA en cuatro locaciones en el Caribe, sin precisar las instalaciones. Según reportes de prensa eran en Curazao, Bonaire y San Eustaquio.
«Buscaremos todas las vías legales disponibles para obtener una compensación completa y justa por nuestras inversiones expropiadas en Venezuela», dijo entonces en un comunicado.
Este arbitraje de la ICC es independiente del que está pendiente de resolución en el Centro de Resolución de Controversias del Banco Mundial (CIADI).
El tribunal del CIADI ya dictaminó que las medidas de expropiación decididas por las autoridades venezolanas violaron el derecho internacional, y actualmente lleva a cabo procedimientos para determinar el monto de la indemnización adeudada.
