El éxodo de venezolanos está generando tensiones sociales en los países vecinos y pone en evidencia la falta de coordinación de los gobiernos de América Latina para enfrentar la peor crisis humanitaria regional en tiempos de paz.
Según la ONU, 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones se han ido desde 2015, cuando arreció la crisis.
Alrededor un millón ha migrado hacia Colombia, según el gobierno de ese país. Perú, Chile, Ecuador y Argentina también están entre los principales destinos.
En Brasil, donde los ingresos se dan principalmente por el paupérrimo estado amazónico de Roraima, más de 50.000 han solicitado refugio político o tramitado pedidos de residencia temporaria.
Falta de cooperación y preparación
La falta de coordinación y de recursos para atender a los inmigrantes son los principales problemas apuntados por los expertos.
«Lamentablemente, los otros países latinoamericanos se han preparado poco para esta crisis gigantesca» y «carecen de recursos, organización o instalaciones de salud para brindar más que un mínimo apoyo a estos migrantes», que en su mayoría llegan en condiciones precarias, considera Peter Hakim, del centro de análisis Diálogo Interamericano (IAD), con sede en Washington.
«Cada país parece desarrollar su propia respuesta, sin el mínimo de cooperación», añade.
Brasil, que solo exige una cédula de identidad a los venezolanos que llegan a su territorio, instaló un puesto fronterizo donde el Ejército y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) censan a los inmigrantes y les ayudan con los trámites de regularización.
El presidente Michel Temer descartó rotundamente el cierre de la frontera, pero decretó el uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en Roraima, escenario de episodios de violencia con la población local. El mandatario estudia la posibilidad de «distribuir números» para «organizar» el flujo migratorio.
Perú y Ecuador tampoco exigen pasaporte. Colombia sí, o un permiso especial otorgado para permanecer en el país y recibir atención médica.
Tensiones sociales
La recepción de inmigrantes «implica un enorme desafío para sus gobiernos», apunta David Smilde, miembro de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una entidad de investigación y promoción de los derechos humanos.
«Si no los atienden, [los inmigrantes] pueden involucrarse con la delincuencia y en mercados ilícitos, generando xenofobia. Y si los atienden bien, también generan resentimiento en la población local, que muchas veces no recibe la atención adecuada por parte de sus gobiernos», sostiene.
El caso de Brasil resulta paradigmático: a pesar de ser el país que ha recibido menos venezolanos, su llegada se produce por la única frontera terrestre entre ambos países, en una zona con múltiples carencias.
Fue allí, en la pequeña Pacaraima, de poco más de 10.000 habitantes, que el 18 de agosto varios vecinos expulsaron violentamente a unos 1.200 venezolanos que acampaban en las calles, a quienes culpan del aumento de la delincuencia.
«El Brasil que recibe a los venezolanos se llama Roraima», se quejó recientemente en una entrevista con la AFP el secretario de Gabinete Institucional del gobierno local, Marcelo Lopes.
Las cifras oficiales lo respaldan: actualmente hay más de 30.000 veneolanos viviendo en Roraima, un estado de 576.000 habitantes, según una estimación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
«No me parece que Brasil sea más reticente que otros [países] a recibir inmigrantes. [El problema es que] la región específica por donde llegan es un área muy necesitada», reflexiona Kai Kenkel, profesor de Relaciones Internacionales especializado en seguridad, de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Kenkel sostiene que «los refugiados no constituyen un riesgo» para la seguridad, pero que en vísperas de las elecciones para presidente, legisladores federales y gobernadores de los estados, los problemas asociados a la inmigración pueden ser utilizados «por discursos populistas para fomentar el miedo».
En Roraima, el ultraderechista jair Bolsonaro tiene un 38% de intenciones de voto para las presidenciales de 7 de octubre, frente a un 21% del expresidente Lula, según una encuesta Ibope de la semana pasada. A escala nacional, Lula tiene 37% y Bolsonaro 18%.
Solución regional ¿liderada por quién?
«Lo que se necesita desesperadamente es liderazgo, probablemente de parte de Colombia o Brasil, que permita empezar a trabajar en un acuerdo general sobre cómo enfrentar los desafíos de este éxodo masivo» en términos prácticos, regional e internacionalmente, advierte Hakim.
Quito convocó una reunión regional los próximos lunes y martes, mientras Bogotá y Lima decidieron compartir una base de datos de migrantes. Perú declaró además la emergencia sanitaria en su frontera con Ecuador.
También la OEA convocó para el 5 de septiembre a una sesión extraordinaria de su consejo permanente.
Para Kenkel, es difícil imaginarse a Brasil liderando una respuesta regional, por lo menos a corto plazo, debido a la «parálisis electoral» del país.
