Parlamentarios de nueve países han pedido a la ONU y la OEA que se pronuncien sobre el caso de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, detenida desde diciembre de 2009 y que ha denunciado que fue violada mientras estuvo en prisión.
El diputado opositor boliviano Adrián Oliva, presidente de la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA), informó hoy a Efe de que las peticiones fueron formuladas en cartas dirigidas al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
«Son dos instancias que conocían perfectamente el caso de la jueza Afiuni, que han registrado varias de las irregularidades que se han cometido en su detención y en su procesamiento penal y que tienen la obligación de pronunciarse ante la gravedad de las revelaciones que se han hecho públicas», sostuvo Oliva.
Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 tras la liberación de un empresario procesado por varios delitos, acto que llevó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a pedir públicamente su condena.
Su caso cobró hace dos semanas un nuevo giro con la publicación de un libro en el que la jueza asegura que fue violada en prisión, tras lo cual quedó embarazada y tuvo un aborto, lo que el Gobierno venezolano ha tildado de «vil patraña».
El diputado Oliva, que pertenece al partido conservador Convergencia Nacional, calificó de «gravísimas» estas denuncias y aseguró que la jueza venezolana es una «presa política» del presidente Hugo Chávez. Por ello, señaló que la APDA ha pedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y el Grupo Especial de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de la ONU convoquen «audiencias extraordinarias» para tratar el caso.
La APDA, creada en Caracas en julio de 2011, es una plataforma para la defensa de la democracia y los derechos humanos que hace hincapié en denunciar la situación de los «presos políticos» de la región.
Según Oliva, esta instancia tiene entre sus integrantes a políticos «que son el testimonio de la violación de los derechos humanos en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador», entre ellos, al venezolano José Sánchez «Mazuco», al ecuatoriano Fernando Valda y al boliviano Roger Pinto.
EFE
