Autoridades de México sancionaron a personas y empresas que vendían al gobierno de Venezuela alimentos de baja calidad y con sobreprecio para la población más pobre del país sudamericano, con un pago de tres millones de dólares que se destinará a la ONU, informó este jueves la fiscalía mexicana.
Según una investigación de la fiscalía general, desde 2016 «estas personas han obtenido recursos (del gobierno venezolano), desviándolo de sus fines humanitarios, para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos», dijo en conferencia de prensa Israel Lira, de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada.
En medio de una profunda crisis económica, alimentaria, política y social, el gobierno del presidente Nicolás Maduro instaló desde 2016 en las poblaciones más empobrecidas los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados.
Se trata de paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y a veces latas de atún que son vendidos a los venezolanos por 10 bolívares soberanos, equivalentes a unos 70 centavos de dólar, en una economía en la que la inflación alcanzará el 10.000.000% en 2019, según el FMI.
Numerosas denuncias apuntan a que estos productos, sobre todo la leche en polvo, no cumplen con los estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano.
Según las pesquisas mexicanas, los intermediarios se dedican a «adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana», dijo el subprocurador Lira, quien aseguró que el precio que se paga por estos alimentos es 112% superior al real.
Así, el Ministerio Público de la Federación celebró un «acuerdo reparatorio», que garantiza que «los imputados harán entrega al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la cantidad de tres millones de dólares», que serán destinados para atender a América Latina y el Caribe, dijo Lira.
Además, estas personas «se comprometen a no efectuar (…) ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas», añadió.
Las autoridades mexicanas compartirán sus investigaciones con los países del Grupo de Lima, creado en 2017 para colaborar a resolver la crisis venezolana.
Según la ONU, unos 2,6 millones de venezolanos (de una población de 30,6 millones) viven en el exterior, de los cuales alrededor de 1,9 millones han emigrado desde 2015 huyendo de la crisis.
