El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió este jueves salir del país a la junta para el control de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus empresas filiales designada el miércoles por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó en enero como presidente encargado del país.
EFE
La Sala Constitucional del TSJ, a través de un comunicado leído en la televisión estatal VTV, declaró la prohibición de salida, de gravar bienes e inmuebles y el bloqueo de cuentas de los directivos de PDVSA, de PDV Holding Inc y de Citgo Holding Inc, nombrados ayer miércoles por Guaidó tras la autorización del Parlamento, de mayoría opositora.
Asimismo, decretó «nulo de absoluta nulidad» el acuerdo del Legislativo -que se encuentra declarado en desacato por el Supremo al incumplir varias sentencias-, y exhortó a la Sala de Casación Penal a iniciar los trámites para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos a razón de que pueden estar fuera del país.
Las medidas decretadas este jueves por el Supremo se dan contra Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada.
Todos ellos son los miembros de la junta directiva de Pdvsa, que fueron nombrados ayer por Guaidó.
También afectan a Luisa Palacios, quien fue nombrada como líder de la directiva de PDV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de Citgo, y a Édgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla.
Asimismo, Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser, nombrados para Citgo Holding Inc., enfrentan las mismas medidas cautelares.
«Quienes aparecen allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros», reza el comunicado.
La máxima corte indicó además que el acuerdo del Parlamento constituye una «flagrante violación al texto constitucional y al sistema socioeconómico de la república» y que «constituye otro asalto al estado de derecho».
Por último, instó al poder Ejecutivo nacional y a Pdvsa a «tomar las medidas necesarias para la protección de la actividad petrolera y su comercio».
