El Ministerio Público desestimó por completo las denuncias de presunta tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la asamblea constituyente, ratificó a través de Twitter que el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento segundo Estiben José Zarate, ambos de la Guardia Nacional y adscritos a la Dgcim, están siendo acusados por el delito de “homicidio preterintencional con causal”.
Según el Código Penal venezolano, este tipo de homicidio es aquel que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causa la muerte. La pena que establecen las leyes venezolanas no excede los quince años de presidio.
Alonso Medina Roa, abogado del fallecido capitán, destacó que el Ministerio Público ignora por completo los delitos establecidos en la Ley especial contra la tortura, algo que también rechazó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un comunicado.
Y es que según las denuncias hechas por la defensa del capitán de corbeta y sus familiares, el viernes 28 de junio al ser presentado ante tribunales militares, Acosta Arévalo llegó en silla de ruedas, no podía articular palabras y tenía evidentes signos de tortura.
“Parece que no ha sido suficiente el dolor que le han producido a la familia del CC Rafael Acosta Arévalo; a pesar de la insistencia de la familia, a esta hora el Ministerio Público no ha autorizado la entrega del cuerpo en la morgue a sus familiares”, indicó el abogado.
La Alta Comisionada de la ONU también rechazó que los familiares de Acosta Arévalo no hayan tenido acceso hasta los momentos al cuerpo del capitán de corbeta, detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días.
El militar era acusado por funcionarios del Ejecutivo de Nicolás Maduro de estar involucrado junto a otras personas en un supuesto plan para asesinar al gobernante venezolano, pero nunca se le pudo imputar delito alguno pues al momento de su audiencia preliminar, el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital al ver su condición.
A pesar de su condición militar, los implicados en la muerte de Arévalo serán juzgados por el Tribunal 36° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, que ordenó prisión preventiva en la sede de la Dgcim.
Con información de Tal Cual
